¿La norma nacional sobre anticoncepción va contra las mujeres? Buscan revertir la actualización de planificación familiar

En junio de 2026, la Secretaría de Salud publicó la NOM-005-SSA2-2026, que establece criterios obligatorios para la provisión de servicios de planificación familiar y anticoncepción en todo el país.

La norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio, incorpora evidencia científica reciente, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y un enfoque de derechos sexuales y reproductivos.

Tras la publicación de la norma, organizaciones conservadoras expresaron su inconformidad y buscan revertir la actualización al acusar que, según su criterio, “busca eliminar a las mujeres”.

Sin embargo, la NOM-005-SSA2-2026 responde a compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También retoma acuerdos de la CIPD de El Cairo y el Consenso de Montevideo, que obligan a garantizar acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva.

En 2023, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años sexualmente activas fue de 74.7%, equivalente a 13.9 millones de personas.

La demanda insatisfecha se estimó en 12.2% y subió a 14.1% en mujeres de habla indígena, 12% en mujeres con discapacidad y 27.1% en adolescentes de 15 a 19 años.

Entre las mujeres embarazadas sexualmente activas, 30.3% declaró que su embarazo no fue planeado o deseado, mientras que en adolescentes embarazadas el porcentaje llegó a 39.2%.

Gratuidad y criterios de atención

La norma establece que los servicios de planificación familiar y anticoncepción deben ser gratuitos en todas las instituciones públicas, sin importar la afiliación.

El personal de salud debe garantizar información suficiente para la toma de decisiones, orientación adecuada, consentimiento informado y revocable, confidencialidad estricta y disponibilidad real de métodos anticonceptivos en las unidades de salud.

La NOM-005-SSA2-2026 incorpora un enfoque de derechos sexuales y reproductivos. No especifica la eliminación del derecho a la objeción de conciencia para personal médico, ni establece restricciones adicionales para la atención a menores de edad, más allá del consentimiento informado.

Organizaciones conservadoras buscan revertir la norma

El Frente Nacional por la Familia inició una colecta de firmas, la cual difundieron a través de redes sociales, argumentando que la norma representa un “ataque directo e irreversible” contra la familia, la patria potestad y la protección de los menores.

Señalan que la disposición permitiría que adolescentes de 12 años soliciten procedimientos como la vasectomía o salpingoclasia sin que sus padres sean informados, lo cual, de acuerdo con estos grupos, dejaría a los menores en desamparo y limitaría el derecho de los padres a protegerlos.

Estos grupos también criticaron que la norma introduce términos como “personas gestantes” y normaliza el aborto institucional, además de eliminar el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.

Afirman que el proceso de elaboración de la norma no fue neutral y que organizaciones feministas participaron en la redacción, sin considerar la opinión de otros sectores.

Estas inconformidades forman parte de los argumentos con los que diversas agrupaciones buscan que la autoridad revierta la NOM-005-SSA2-2026 y modifique los lineamientos de planificación familiar y anticoncepción en el país.