Jaime Bonilla acusa a Marina del Pilar de tener pactos con el crimen organizado: “Es una narcotraficante”

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lanzó una serie de acusaciones directas contra la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien calificó como “una narcotraficante” durante una entrevista con Milenio. El también extitular del Ejecutivo estatal aseguró sostener estos señalamientos “fuerte y claro” desde hace tiempo, incluso ante el Senado de la República.

“Marina es una narcotraficante”, afirma Bonilla

Consultado sobre el rompimiento del PT con Morena, Bonilla se deslindó de cualquier alianza con la gobernadora: “Ni opciones con el marinismo, nosotros no vamos a ir”, afirmó, y explicó que su salida de Morena obedeció, según su versión, a un desacuerdo con lo que definió como presuntos vínculos entre el narcotráfico y el gobierno de Baja California. Ante el cuestionamiento directo del entrevistador sobre la gravedad de sus palabras, Bonilla ratificó: “Lo he dicho fuerte y claro, lo dije en el Senado”.

Vincula el homicidio de un exfuncionario con sus señalamientos

Al ser cuestionado sobre el asesinato de Jesús Pereyra, quien —según Bonilla— formó parte de su gobierno en un cargo menor, el exmandatario afirmó no tener conflicto personal con la víctima, pero atribuyó la responsabilidad política del hecho a la actual gobernadora, al señalar, sin presentar pruebas públicas, que en el estado “no agarran a ningún criminal” y que existiría, en su versión, un “pacto” entre autoridades estatales y presuntos grupos delictivos. Se trata de una acusación que, hasta el momento, no ha sido respaldada por ninguna investigación oficial ni por autoridad competente.

Su versión sobre una alerta a López Obrador

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Bonilla relató que, en su momento, acudió con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle lo que calificó como información sobre presuntos funcionarios estatales vinculados al trasiego de droga, entre ellos dos elementos de la Fiscalía y dos de la policía estatal. Según su relato, tras esa reunión decidió hacer pública la denuncia “en la máxima tribuna” del Senado.

Bonilla afirmó que, diez días después de esa denuncia, López Obrador viajó a Baja California y se mostró públicamente junto a la gobernadora, lo que —dijo— le dejó claro que no habría acción sobre lo que él había señalado. Añadió que su salida de Morena se dio, según su versión, porque el entonces presidente le explicó que debía respaldar a Marina del Pilar “porque tenía que apoyar el proyecto”.

Reporta inseguridad y salida de empresas del estado

El exgobernador también afirmó haber remitido alertas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la situación de seguridad en la entidad, y mencionó, sin citar fuente oficial, que más de seis mil negocios habrían cerrado en Baja California en lo que va del año. Citó como ejemplo que el personal directivo de la planta de Toyota en la región se trasladaría con escolta por motivos de seguridad.

Hasta el momento, ni la gobernadora Marina del Pilar ni el gobierno de Baja California han respondido públicamente a estas acusaciones específicas de Jaime Bonilla, y no existe una investigación oficial abierta derivada de los señalamientos hechos por el exmandatario.

Sheinbaum descarta delito y respalda a la gobernadora

Durante la conferencia matutina del 14 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las medidas que tomaría el Gobierno federal para proteger información sensible tras la difusión de los audios de Marina del Pilar. La mandataria señaló que no se sabe con certeza con quién hablaba la gobernadora en las grabaciones, y afirmó que la propia mandataria estatal le explicó que estaba realizando “gestiones personales” relacionadas con su visa, sin que ello implicara, a su juicio, “a costa de una información relevante”.

Sheinbaum añadió que el Gobierno federal no fue informado previamente de dichas conversaciones y que se enteró del caso a través de los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón. Con base en la explicación que —dijo— le dio la propia gobernadora, concluyó que no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del estado de Baja California, y que, por tanto, **“no hay delito que perseguir”**.

La presidenta también estableció una distinción con el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al señalar que en ese caso sí quedó demostrado que agentes de una agencia extranjera operaban en territorio nacional, lo cual calificó como “una violación flagrante a la ley de seguridad nacional”; a diferencia del caso de Marina del Pilar, en el que consideró suficiente la explicación ofrecida.