Audios de Marina del Pilar: qué dicen las grabaciones y todo lo que se sabe del escándalo que salpica a la gobernadora de Baja California

Dos grabaciones filtradas pusieron en jaque a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tras revelar conversaciones con presuntos intermediarios de agencias estadounidenses sobre su visa cancelada, posibles cargos penales y su disposición a compartir información confidencial de las mesas de seguridad nacionales para evitar una extradición.

El escándalo estalló el 21 de junio de 2026 y escaló este 13 de julio con un segundo audio, derivando en una exigencia del PAN para que la mandataria se separara del cargo mientras se investigaban los hechos.

La visa cancelada: así comenzó todo

El origen del escándalo se remonta a mayo de 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora y encargado de proyectos especiales en la administración estatal.

Torres también promovía la recuperación de zonas peatonales en el gobierno municipal de Tijuana. Mediante un comunicado formal, informó que recibió la notificación consular y aseguró tener “la conciencia tranquila”.

Días después, el mismo gobierno estadounidense canceló la visa de Ávila Olmeda. Fue la primera revocación de ese tipo a una gobernadora mexicana en funciones. La mandataria lo anunció en la red social X: “Como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado”. Describió el escenario como “binacional complejo” y afirmó que su gobierno seguiría trabajando en coordinación con el país vecino, confiando en que la situación se aclararía para ambos.

La pareja anunció su divorcio en octubre de 2025. Desde entonces, Ávila Olmeda enfrentó cuestionamientos sobre los motivos reales detrás de la cancelación y sobre las gestiones que habría emprendido para recuperar el documento migratorio.

El caso se produjo en un contexto más amplio: la administración estadounidense tenía en la mira a presuntos narcopolíticos mexicanos, es decir, funcionarios señalados de colaborar con cárteles de la droga. Uno de los casos el del hoy gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Versiones periodísticas apuntaban a que varios políticos mexicanos, desde legisladores hasta gobernadores, se habían acercado a representantes del gobierno estadounidense para ofrecerse como informantes y así evitar posibles acusaciones desde Washington.

El primer audio: negociaciones con presuntos intermediarios

El 21 de junio de 2026, el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal una grabación en la que se escuchaba la voz de Ávila Olmeda conversando con personas que se presentaron como asesores externos del FBI. En el audio, los interlocutores plantearon la posibilidad de organizar una reunión en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para abordar posibles sanciones o procedimientos administrativos en su contra.

La gobernadora reconoció que la voz en la grabación era la suya. Explicó que, en enero de 2026, recibió a personas que afirmaban ser intermediarias de una agencia estadounidense y que buscó orientación legal para saber cómo proceder.

“Yo lo busqué a él en algún momento, porque hay personas que se están acercando a mí, como justamente estas personas del audio, que se dicen ser intermediarias”, declaró en conferencia de prensa.

La mandataria admitió haber contratado al abogado Michael Nadler, exfiscal federal de Florida con casi una década de experiencia en la Fiscalía del Distrito Sur de ese estado, especializado en corrupción, lavado de dinero y delitos financieros internacionales. Dijo haberlo elegido precisamente por la sensibilidad del asunto y para evitar filtraciones dentro de Baja California.

Afirmó que la reunión propuesta en el audio nunca se concretó y que Nadler ya no formaba parte de su equipo. “Lo contacté porque se trata de temas legales, pero actualmente no tengo ningún tipo de relación con él”, sostuvo.

Rechazó que existieran acuerdos “en lo oscurito” con Washington y pidió no convertir el caso en una “telenovela ni historias de la Rosa de Guadalupe”. Aclaró que las personas con quienes habló nunca presentaron documentos, identificaciones ni requerimientos oficiales que acreditaran su representación.

“Durante la conversación plantearon distintos escenarios legales, pero sin presentar identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones”, señaló en un posicionamiento institucional.

El segundo audio: extradición, OFAC y ofrecimiento de información de seguridad

El 13 de julio de 2026, De Mauleón publicó en la misma columna de El Universal una segunda grabación que profundizó el escándalo. En ella, un interlocutor identificado como asesor externo del FBI le comunicó a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella y le ofrecieron lo que describió como “la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo”. Un agente especial confirmó en la llamada que el FBI tomó el caso, aunque señaló que “de momento” no podía informarle sobre los cargos específicos.

La parte más comprometedora llegó cuando los interlocutores mencionaron una posible extradición. La extradición es el proceso legal mediante el cual un país solicita a otro la entrega de una persona para ser juzgada o cumplir una condena.

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”, respondió Ávila Olmeda en la grabación.

Luego agregó: “Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes”.

Las mesas de seguridad son espacios donde autoridades federales y estatales intercambian información sensible sobre grupos criminales, operaciones en curso y estrategias de combate al crimen organizado. Participan representantes de la SSPC, la FGR, fuerzas armadas y gobiernos estatales.

En la misma grabación, Ávila Olmeda también mencionó su temor a ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que puede congelar bienes, bloquear cuentas bancarias e impedir transacciones financieras a personas o entidades vinculadas con actividades ilícitas. “Salgo de ahí y ya pasó algo… parece que me vaya a sancionar la OFAC”, expresó en la llamada.

La gobernadora también describió en el audio un historial de contactos con autoridades de Estados Unidos que contradijo sus declaraciones públicas previas. Relató haber acudido a una oficina del FBI, donde “platicó con el adjunto”, y haber sostenido encuentros posteriores en México a través de sus abogados.

“Incluso el otro día, hace dos o tres semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”, afirmó en la grabación. El asesor le recordó que las tres reuniones previas con agencias estadounidenses no habían sido productivas.

Cuando sus interlocutores le preguntaron si todavía contaba con su abogado de Miami, respondió que sí e identificó a Michael Nadler como su representante activo. Esa respuesta contradijo directamente lo que había declarado semanas antes, tras el primer audio: que Nadler ya no formaba parte de su equipo jurídico.

La contradicción entre ambas versiones se convirtió en uno de los puntos más cuestionados por la oposición este lunes.

La gobernadora también rechazó reunirse en el consulado de Tijuana y propuso que cualquier encuentro se realizara en México. “Yo no quiero cruzar a Estados Unidos”, advirtió.

La defensa de Marina del Pilar

Tras la difusión del segundo audio, el Gobierno de Baja California emitió un comunicado en el que Ávila Olmeda aseguró que las grabaciones correspondían a fragmentos aislados de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, “sin acreditar formalmente dicha representación”. Sostuvo que sus interlocutores plantearon distintos escenarios legales “sin presentar documentos, identificaciones o requerimientos oficiales que respaldaran sus afirmaciones”.

La mandataria defendió que las referencias en el audio a compartir información de seguridad correspondían exclusivamente a la coordinación institucional que Baja California mantiene con autoridades de México y Estados Unidos como entidad fronteriza.

“Dicha colaboración se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio claro: coordinación y comunicación, pero no subordinación”, afirmó. Agregó que se encontraba “tranquila, trabajando, contenta, dando la cara”.

PAN exige licencia y transparencia en la investigación

El Partido Acción Nacional respondió a la difusión del segundo audio con un comunicado en el que solicitó que Ávila Olmeda pidiera licencia al cargo mientras se esclarecían los señalamientos.

El partido sostuvo que el caso dejó de ser únicamente un asunto político y que ya representaba un tema de seguridad nacional. “El debilitamiento de las instituciones y las dudas sobre funcionarios públicos convierten este caso en un asunto que rebasa la esfera política”, señaló el comunicado.

La dirigencia nacional del PAN respaldó la postura del Comité Directivo Estatal en Baja California, encabezado por la dirigente estatal Liz Mata, y exigió que las autoridades competentes realizaran una investigación transparente sobre el contenido de las grabaciones. El partido también cuestionó a Morena por mantener un discurso distinto cuando los señalamientos involucraban a integrantes de su propio partido.

Ávila Olmeda rechazó las interpretaciones construidas a partir de los fragmentos difundidos y reiteró que continuaría concentrada en las tareas de seguridad y bienestar de las familias de Baja California. Insistió en que atendería cualquier requerimiento formal que plantearan las autoridades competentes y en que no existía ningún acto irregular que ocultar.

Hasta la publicación de esta nota, la presidenta Claudia Sheinbaum no había emitido alguna postura al respecto, por lo que se espera que la mandataria sea cuestionada sobre el tema este martes en su habitual conferencia matutina