La destrucción de mil 148 armas vinculadas al crimen organizado de Baja California marcó el Día Internacional de la Destrucción de Armas el pasado jueves 9 de julio, en una ceremonia celebrada en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar de Tijuana. El acto reunió a autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).
El lote destruido incluyó 878 armas cortas y 270 largas, junto con mil 191 cargadores y 45 mil 555 cartuchos de distintos tipos y calibres. El 70 por ciento de ese armamento tiene como origen Estados Unidos, dato que el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, el general Laureano Carrillo Rodríguez, calificó como uno de los principales retos en materia de seguridad para la entidad.
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El general Carrillo aclaró que el armamento destruido no proviene de decomisos recientes, sino de operativos realizados en años anteriores a organizaciones delictivas con presencia en Baja California. Dichas armas permanecieron bajo resguardo mientras avanzaban los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
El proceso exige que cada arma sea puesta a disposición de la FGR por tratarse de un delito federal. Solo tras verificar que el armamento ya no está vinculado a investigaciones activas, la fiscalía lo entrega a la Defensa para su destrucción definitiva.
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El procedimiento de destrucción, paso a paso
De acuerdo con las autoridades, la destrucción se ejecutó mediante cinco etapas ordenadas:
- Verificación: se confirma que cada arma corresponde al lote autorizado.
- Peritaje: un interventor de otra jurisdicción militar examina el arma para dar fe y legalidad al procedimiento.
- Registro fotográfico: se genera una base documental de cada pieza.
- Inutilización: maquinaria hidráulica practica cortes seccionales que hacen irreparable el arma.
- Clasificación de materiales: las partes resultantes se separan en contenedores etiquetados como “desecho de plástico”, “desecho ferroso” y “desecho de madera”.
Cada etapa contó con personal militar asignado. La cadena de custodia garantizó que ninguna pieza saliera del proceso sin registro.
Los municipios con más armas aseguradas en 2026
Tijuana, Tecate y Mexicali concentran la mayor cantidad de armas decomisadas en lo que va del año. En 2026, las autoridades estatales han asegurado alrededor de 800 armas en toda la entidad, de las cuales la Fuerza Estatal recuperó aproximadamente 150.
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La cifra contrasta con las mil 600 armas aseguradas durante todo 2025. Carrillo Rodríguez consideró que la tendencia de 2026 se mantiene en un rango similar al del año previo.
“Todas provienen, en su mayoría, del crimen organizado. Cada arma que es retirada de la calle tenemos que entender que es una vida que estamos salvando; es un delito que estamos evitando, ya sea un asalto, un secuestro, una extorsión o un homicidio”, declaró Carrillo Rodríguez durante la ceremonia.
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El funcionario subrayó que el armamento destruido pertenece a todas las organizaciones delictivas con presencia en Baja California, sin distinción de grupo.
En la ceremonia participaron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, coronel Rafael Sánchez Calvo; Teófila González Lozada, en representación de la FGR; y José Alejandro Avilés Amecua, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.
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La concurrencia de los tres órdenes de gobierno reflejó el carácter interinstitucional del proceso. Cada institución tuvo un rol específico en la cadena que va desde el aseguramiento en calle hasta la destrucción final del armamento.
El contexto nacional: más de 11 mil armas recaudadas desde 2024
La destrucción en Tijuana se enmarca en una estrategia más amplia. Según informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el programa Sí al desarme, sí a la paz recaudó 11 mil 679 armas de fuego en los 32 estados del país entre octubre de 2024 y el 6 de julio de 2026.
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Ese total incluye seis mil 404 armas cortas, 3 mil 419 rifles y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos. La cifra nacional dimensiona el volumen del problema que el acto de Tijuana enfrenta a escala estatal.
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