
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión contra el director y el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Zacapu, quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave y por su posible relación con la emboscada en la que cinco elementos de la Guardia Civil fueron asesinados el pasado 10 de junio en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen.
La dependencia informó que el operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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Los dos mandos fueron detenidos en inmediaciones del municipio de Zacapu y puestos a disposición de un juez de Control, quien determinará su situación jurídica.
Aunque el Ayuntamiento de Zacapu únicamente confirmó que el director de Seguridad Pública detenido es Raúl Fuerte Rodríguez, hasta el momento no ha revelado la identidad del subdirector capturado.
Fiscalía: investigación apunta a la emboscada de Nahuatzen
En un comunicado, la Fiscalía precisó que ambos funcionarios son requeridos por un juez por el delito de robo calificado grave y señaló que, de manera preliminar, las investigaciones guardan relación con los hechos registrados durante junio en La Mojonera, donde un grupo armado atacó a elementos de la Guardia Civil.
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La institución no detalló cuál habría sido la participación específica de los dos mandos; sin embargo, indicó que las indagatorias continúan para lograr el esclarecimiento total de los acontecimientos.
La FGE reiteró que el caso se desarrolla en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y aseguró que continuará las investigaciones con apego a derecho para combatir la impunidad.
Fuentes apuntan al presunto robo de armas
Fuentes con conocimiento de la investigación informaron a Infobae México que una de las principales líneas de investigación relaciona a los dos mandos policiacos con el presunto robo de las armas de cargo de policías municipales de Nahuatzen.
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De acuerdo con las fuentes, dichas armas habrían terminado en poder del grupo de sicarios que emboscó a los elementos de la Guardia Civil el pasado 10 de junio.
Las mismas fuentes señalaron que los agresores serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que las armas presuntamente sustraídas habrían sido utilizadas durante el ataque.
Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada públicamente por la Fiscalía General del Estado, por lo que forma parte de las líneas de investigación que continúan en curso.

El ataque dejó cinco policías muertos
La emboscada ocurrió alrededor de las 15:00 horas del 10 de junio sobre el camino Nahuatzen-Zacapu, a la altura del predio conocido como La Mojonera, cuando policías estatales realizaban patrullajes de vigilancia en la Meseta Purépecha.
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Un grupo armado atacó con armas de grueso calibre la unidad oficial, provocando la muerte de Porfirio Rodríguez Briseño, Mateo Valdés Abarca, Brandon José Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín y Francisco Javier Otero. Otros cinco agentes resultaron lesionados.
Tras la agresión, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo con apoyo de policías municipales, guardias comunales de Cherán, Sevina, Paracho y Tingambato, además de fuerzas federales, para localizar a los responsables.
Un nuevo giro en la investigación
El ataque ocurrió menos de un mes después del asesinato de dos integrantes de la guardia comunal de Sevina, hecho que llevó al Gobierno de Michoacán a reforzar la presencia policial en la Meseta Purépecha, una región donde mantienen operaciones grupos delictivos como el CJNG, Los Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana.
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La detención del director y del subdirector de Seguridad Pública de Zacapu representa uno de los avances más relevantes en la investigación de la emboscada de Nahuatzen, al tratarse de los primeros funcionarios públicos capturados por su presunta relación con el caso.
Ahora será un juez quien determine la situación jurídica de ambos, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas para esclarecer si el presunto robo de armamento y otros posibles actos de colaboración facilitaron el ataque que cobró la vida de cinco elementos de la Guardia Civil.
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