El Gobierno de México anunció una nueva etapa en su respuesta ante la muerte de connacionales relacionada con agentes y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Tras meses de gestiones diplomáticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que iniciará acciones legales tanto en el ámbito penal como civil.
El caso que detona el anuncio
La medida se da luego de la muerte de Lorenzo Salgado, ocurrida el pasado 7 de julio, quien —de acuerdo con lo informado por la SRE— recibió disparos por parte de agentes de ICE. El caso, según se indicó, debe ser investigado “con absoluta seriedad”, una exigencia que también han planteado públicamente sus familiares.
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Una cifra que crece
Según cifras presentadas por la propia dependencia:
- 17 personas mexicanas han perdido la vida en contextos relacionados con acciones de ICE.
- De ellas, 14 fallecieron bajo custodia, es decir, dentro de centros de detención.
- Las 3 restantes murieron durante operativos, como el caso de Lorenzo Salgado.
- A nivel global, se han reportado 58 casos de personas de distintas nacionalidades fallecidas en centros de detención de ICE durante 2025 y 2026.
Lo que ya se había hecho
Antes de este anuncio, el gobierno mexicano había desplegado una serie de acciones diplomáticas, entre ellas:
- Acompañamiento legal y humanitario a las familias a través de los consulados.
- Envío de 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense, una por cada caso.
- Una solicitud formal ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que derivó en un pronunciamiento público de dicho organismo.
- Una petición de revisión de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las nuevas acciones anunciadas
De acuerdo con lo expuesto por la SRE, el gobierno mexicano instruyó cuatro líneas de acción:
- Denuncias penales: la SRE solicitará apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia, por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE.
- Acciones civiles: se enviarán cartas de cese y desistimiento (“cease and desist”) a las empresas privadas que operan los centros de detención, señalando presuntas condiciones violatorias de derechos humanos.
- Solicitud ante la CIDH: en conjunto con organizaciones civiles, se pedirá el otorgamiento de medidas cautelares para proteger a personas mexicanas en centros de detención.
- Exigencia ante la ONU: se solicitará al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que amplíe su atención a los nuevos casos registrados tras su primer pronunciamiento.
Un patrón que ha generado señalamientos internacionales
El caso de Lorenzo Salgado no ocurre de manera aislada. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han señalado, en distintos foros, que las condiciones en varios centros de detención de ICE han sido objeto de cuestionamientos previos, particularmente en lo referente a atención médica, uso de la fuerza y protocolos de seguridad durante operativos.
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Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre el caso específico de Lorenzo Salgado, más allá de confirmar —según lo informado por la SRE— que se encuentra en investigación. Especialistas en derechos humanos consultados por distintos medios han insistido en que la reiteración de este tipo de casos hace necesario un escrutinio independiente sobre los protocolos que rigen tanto los operativos como los centros de detención administrados por privados.
Comunicación con autoridades estadounidenses
La SRE indicó que continuará el diálogo con el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Se informó, además, que se solicitaron reuniones urgentes con autoridades estadounidenses, incluyendo integrantes del Congreso de ese país, a través del embajador de México en Washington.
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Según lo señalado por la propia dependencia, este tema representa la prioridad actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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