Gobierno alista C5 para vigilar carreteras ante violencia contra transportistas

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno alista un sistema de vigilancia al estilo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), pero enfocado exclusivamente en las carreteras federales del país, en un contexto de creciente inconformidad del sector transportista por violencia, extorsiones y falta de respuestas efectivas de las autoridades.

“Ya vamos a presentar muy pronto” ese sistema, dijo Sheinbaum desde Palacio Nacional, sin precisar una fecha de lanzamiento ni detallar sus características técnicas.

Sin embargo, la mandataria señaló que el gabinete de seguridad revisa al menos una vez al mes los datos sobre robo en carreteras en sesiones conjuntas entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Guardia Nacional.

La respuesta al sector transportista

El anuncio surge a pocas horas de la movilización convocada por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) para el 24 de junio. La organización planea activar protestas en los 32 estados desde las 07:00 horas y advirtió que, de no recibir respuestas, avanzará en caravana lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Las rutas previstas incluyen arterias como las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y el Arco Norte, además de otras vías de acceso clave a la capital. El reclamo central de AMOTAC es lo que define como “la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales”, una situación que, según la organización, los operativos actuales de la Guardia Nacional no han podido contener.

Las demandas del sector

El pliego petitorio de AMOTAC va más allá de la inseguridad. La organización exige que se respeten las tarifas oficiales en los servicios de grúas federales, estatales y municipales, y pide el fin de los cobros por permisos municipales de acceso a ciudades para abastecer mercancías y la canasta básica.

Los transportistas también denuncian un atraso en la expedición de placas, licencias y certificados por parte de la SICT, situación que los deja expuestos a sanciones pese a tener sus vehículos registrados en el sistema. Sin tarifas oficiales de operación obligatorias para el Servicio Público Federal, señalan, la renovación de unidades resulta inviable.

Extorsión en retenes y persecución al pequeño transportista

Uno de los puntos más delicados del pliego es la denuncia de extorsiones en retenes federales y militares. AMOTAC exige que esos puestos de control sean vigilados por “personal confiable” y que cesen la persecución del llamado hombre-camión por parte de la Guardia Nacional, las policías estatales y los cuerpos municipales.

La organización también pide modificar el artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas, que sanciona penalmente el traslado de agua en pipas. La norma, señalan, criminaliza una actividad cotidiana del sector.

El diálogo estancado

AMOTAC advierte que las mesas de negociación previas con las instituciones responsables no derivaron en acciones concretas. Esa falta de resultados, dice la organización, los obliga a recurrir a la movilización para visibilizar su situación ante las autoridades federales, estatales y municipales.

La dirigencia reconoció de antemano las molestias que el bloqueo parcial de carreteras puede generar a la ciudadanía. Aun así, justificó la jornada bajo el argumento de que el sector transportista sostiene el abasto y la cadena de suministro del país.

Un sistema de monitoreo sin fecha confirmada

El nuevo C5 carretero que prepara el gobierno federal no tiene aún una fecha oficial de presentación. Sheinbaum solo indicó que “muy pronto” se darán a conocer “nuevas cosas” en materia de carreteras, sin especificar si el sistema contemplará cámaras, centros de monitoreo o protocolos de respuesta ante incidentes.

La presión del sector transportista, que moviliza carga, pasajeros y turismo en todo el territorio nacional, pone en el centro del debate la eficacia real de las reformas recientes al reglamento de tránsito federal y la capacidad del gobierno para garantizar seguridad en las vías sin generar nuevas cargas burocráticas al transportista.