Cerca de 100 exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito realizaron este martes una caminata pacífica desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir el pago de las indemnizaciones y pensiones complementarias que, aseguran, les corresponden por mandato constitucional tras la reforma judicial aprobada en 2024.
Vestidos con toga y acompañados por una batucada, los participantes recorrieron Paseo de la Reforma con una primera parada en el Senado de la República, donde entregaron un escrito para solicitar una audiencia con legisladores y exponer la situación que enfrentan desde su salida del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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Reforma judicial y artículo transitorio, el origen del conflicto
Los manifestantes argumentan que el Décimo Transitorio de la reforma judicial contempla compensaciones económicas para quienes decidieron retirarse o no participar en los procesos de elección de personas juzgadoras.
Sin embargo, señalan que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado actualmente de la gestión administrativa del Poder Judicial, no ha cumplido con la entrega de esos recursos.
De acuerdo con representantes del denominado Colectivo Décimo Transitorio, el incumplimiento afecta a alrededor de 200 exjuzgadores federales que dejaron sus cargos como consecuencia de la transformación del sistema judicial.
Adeudo millonario afecta a jueces y magistrados en retiro
Durante la protesta, el exmagistrado Manuel Cano Maynez afirmó que el monto total de los pagos pendientes oscila entre 600 y 700 millones de pesos.
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Los inconformes sostienen que agotaron las vías jurídicas disponibles antes de recurrir a las movilizaciones públicas.
No obstante, aseguran que no han recibido respuestas satisfactorias sobre las razones por las cuales las indemnizaciones continúan sin ser cubiertas.
Además, señalaron que muchos de los afectados cuentan con trayectorias de entre 15 y 40 años dentro del Poder Judicial y que actualmente enfrentan dificultades económicas derivadas de la falta de pago.
Así fue el conflicto
- La reforma judicial publicada en septiembre de 2024 modificó la estructura del Poder Judicial.
- El Décimo Transitorio estableció compensaciones para juzgadores que dejaran sus cargos.
- Alrededor de 200 jueces y magistrados retirados afirman no haber recibido esos recursos.
- El adeudo acumulado se estima entre 600 y 700 millones de pesos.
- Los afectados denuncian que han cumplido con todos los requisitos administrativos sin obtener respuesta favorable.
Restricciones laborales agravan la situación de los afectados
Los exjuzgadores también señalaron que, además de no haber recibido sus indemnizaciones, enfrentan limitaciones para reincorporarse al mercado laboral.
Según explicaron, la normativa derivada de la reforma judicial les impide ejercer determinadas actividades relacionadas con la función jurisdiccional durante un periodo de dos años, situación que ha complicado la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.
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Algunos participantes señalaron que dedicaron gran parte de su vida al servicio judicial, por lo que su perfil especializado dificulta encontrar empleos equivalentes fuera del ámbito donde desarrollaron su carrera.
Buscan diálogo con el Congreso y el Gobierno federal
La movilización tuvo como objetivo abrir canales de diálogo con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, al considerar que ambas instancias participaron en la elaboración y aprobación de la reforma que derivó en su retiro anticipado.
Los manifestantes insistieron en que su demanda no busca obtener beneficios extraordinarios, sino el cumplimiento de disposiciones ya establecidas en la Constitución.
En ese sentido, solicitaron reuniones con representantes del Senado y con autoridades federales para encontrar una salida jurídica y administrativa al conflicto.
La protesta concluye en Segob con nuevas exigencias
Tras su paso por el Senado, los exjuzgadores continuaron la caminata hasta la Secretaría de Gobernación, donde entregaron un nuevo escrito para reiterar su exigencia de pago.
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Aunque inicialmente buscaban que cinco representantes ingresaran a presentar el documento, únicamente dos pudieron acceder a las instalaciones.
Pese a ello, los participantes afirmaron que continuarán impulsando acciones de carácter pacífico hasta obtener una respuesta formal de las autoridades.
La protesta refleja uno de los frentes abiertos que dejó la implementación de la reforma judicial, mientras cientos de exintegrantes del Poder Judicial mantienen la exigencia de que se respeten los compromisos establecidos en la propia Constitución.
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