Profepa clausura tres predios en el Estado de México por daño a ecosistemas forestales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso clausuras y aseguramientos en tres predios del Estado de México tras detectar obras con maquinaria pesada, remoción de arbolado de encino y la operación de un aserradero sin documentación que acreditara la legal procedencia de sus productos forestales. Los procedimientos administrativos derivados de estos operativos determinarán las sanciones que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

En los tres casos, los responsables de los predios no acreditaron contar con las autorizaciones emitidas por la Semarnat para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni para la operación del centro de almacenamiento. El aseguramiento precautorio en Almoloya del Río incluyó madera en rollo, madera en escuadría y diversa maquinaria, que quedó bajo depósito en las instalaciones del propio aserradero.

Profepa clausura dos predios en Jilotzingo

En atención a denuncias, personal de la Profepa realizó el 9 de junio una visita de inspección al paraje “El Jazmín”, en la comunidad de Rancho Blanco, municipio de Jilotzingo. El predio tiene una superficie aproximada de 15 hectáreas conformada por pastizal inducido y un estrato arbóreo dominado por encino, con características de terreno forestal.

Las denuncias señalaban el derribo de arbolado y el cambio de uso de suelo para la apertura de un camino mediante maquinaria pesada. Al momento de la visita, las personas presentes no atendieron la diligencia ni permitieron verificar la existencia de la autorización correspondiente. La Profepa impuso la clausura total temporal mediante la colocación de sellos en el acceso principal.

El segundo predio clausurado en el mismo municipio se ubica en la localidad de Santa María Mazatla. Ahí se realizaban trabajos para la apertura de una brecha y la construcción de un terraplén destinados al desarrollo de una vivienda. Las obras abarcaban una superficie aproximada de 3 mil metros cuadrados y habían provocado la remoción de ejemplares de encino con maquinaria pesada.

Al no acreditarse la autorización de la Semarnat para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Procuraduría impuso la clausura total temporal de las obras e inició el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades procedentes.

Aserradero en Almoloya del Río opera sin permisos

El 10 de junio, inspectores de la Profepa visitaron el centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales denominado “Daniel Martínez Alvarado”, en el municipio de Almoloya del Río. Los responsables del establecimiento no acreditaron la autorización de la Semarnat para su operación ni demostraron la legal procedencia de las materias primas forestales encontradas en el lugar.

Las irregularidades detectadas en el aserradero incluyeron:

• Ausencia de autorización para operar como centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.
• Incapacidad para demostrar la legal procedencia de los productos forestales en el sitio.
• Presencia de madera en rollo y madera en escuadría sin documentación que respaldara su origen.
• Maquinaria en operación sin los permisos correspondientes.

Ante este panorama, la Profepa impuso la clausura total temporal del establecimiento y realizó el aseguramiento precautorio de la madera y la maquinaria, las cuales quedaron bajo depósito en las instalaciones del propio aserradero.

Profepa dará seguimiento a los tres procedimientos administrativos

La Procuraduría dará seguimiento a los procedimientos administrativos instaurados en los tres casos y realizará las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas. El objetivo es determinar las sanciones que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

Los operativos en Jilotzingo y Almoloya del Río forman parte de las acciones de vigilancia e inspección que la Profepa ejecuta en zonas con vocación forestal del Estado de México, donde la apertura irregular de caminos, la remoción de arbolado y la operación de centros madereros sin permisos representan presiones directas sobre los terrenos forestales de la región.