El gobierno de Cuautitlán, Estado de México, dio a conocer la detección de presuntas irregularidades financieras por un monto superior a 417 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024, correspondiente a la administración municipal anterior.
La presidenta municipal Juanita Carrillo Luna informó en conferencia de prensa que los señalamientos son resultado de auditorías, revisiones administrativas y procesos de fiscalización realizados tanto por la Contraloría Municipal como por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
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Según las investigaciones internas, documentaron una posible afectación al erario por 147 millones 35 mil 240.11 pesos en rubros de obra pública, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo financiero. A este monto se suman observaciones del OSFEM por 270 millones 226 mil 9.48 pesos, lo que arroja un daño acumulado de 417 millones 261 mil 249.59 pesos.
Procedimientos administrativos y sanciones previstas
El titular del Órgano Interno de Control municipal, Miguel Cuate, explicó que actualmente están integrados 42 procedimientos administrativos de responsabilidad derivados de observaciones detectadas únicamente en el ejercicio de 2024. De estos expedientes, 40 corresponden a posibles faltas administrativas y dos han sido clasificados como conductas graves, las cuales podrían derivar en inhabilitaciones de hasta 20 años para desempeñar cargos públicos.
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Los procedimientos involucran a servidores públicos de elección popular de la administración pasada y serán remitidos a las instancias competentes para su resolución conforme a derecho.
El gobierno municipal aseguró que ya se han presentado 12 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por la probable comisión de diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones. También se ha dado vista al Tribunal Especializado en Materia de Responsabilidades Administrativas y a la Contraloría del Poder Legislativo.
Impacto en servicios y desarrollo municipal
La presidenta municipal, Juanita Carrillo Luna, subrayó que los resultados evidencian un patrón de malas prácticas administrativas que impactaron directamente en el desarrollo del municipio y en la calidad de los servicios públicos recibidos por las familias de Cuautitlán.
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De acuerdo con la funcionaria, muchas de las deficiencias que actualmente enfrenta el municipio son consecuencia de decisiones irresponsables tomadas en administraciones pasadas, particularmente en materia de obra pública, infraestructura vial, autorizaciones para desarrollos logísticos y manejo de recursos públicos.
Entre los hallazgos más relevantes se detectaron obras públicas cuya vida útil fue considerablemente menor a la proyectada, así como proyectos que no cumplieron con las especificaciones necesarias, lo que generó gastos millonarios sin beneficios duraderos para la población. Esta situación ha repercutido en el rezago de infraestructura vial e hidráulica, afectando la vida cotidiana de los habitantes del municipio.
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Áreas señaladas y casos documentados
Las auditorías realizadas identificaron irregularidades en diversos rubros, destacando el manejo de contratos y adquisiciones, donde se detectaron deficiencias en la integración de expedientes y en la inspección física de obras públicas.
El gobierno municipal denunció que algunos proyectos ni siquiera cumplieron con las especificaciones técnicas mínimas y, en algunos casos, su vida útil resultó mucho más corta de la estipulada en los contratos.
Además, se identificaron prácticas como el pago de remuneraciones no ajustadas a los tabuladores autorizados y la falta de documentación comprobatoria para justificar el uso del dinero público. El gobierno actual considera que estas acciones configuran un grave desaseo administrativo y un daño directo al patrimonio de los ciudadanos.
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Seguimiento y acciones futuras
La administración de Juanita Carrillo indicó que las investigaciones continuarán, y actualmente se revisan los ejercicios fiscales 2023 y 2022, así como auditorías y procedimientos dentro del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El objetivo, según las autoridades, es garantizar que cualquier irregularidad detectada sea investigada y sancionada conforme a la ley.
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