La impugnación que Morena presentó ante las autoridades electorales por la elección en Coahuila no se limita a la ya conocida denuncia sobre los códigos QR. El partido guinda reveló este martes que entre sus cinco ejes de combate incluye un caso de violencia política de género: el acoso documentado en video contra una de sus diputadas durante el proceso electoral.
“Como ustedes conocieron en los videos que se presentaron, hay acoso a las y los diputados, pero especialmente a una de nuestras diputadas”, señaló la representante del partido al detallar los alcances de la impugnación.
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Los cinco frentes de la batalla legal
Morena estructuró su impugnación en cinco ejes concretos:
- Compra y coacción del voto mediante códigos QR
- Participación indebida de servidores públicos, cuyos nombres están siendo contrastados con las nóminas del gobierno del estado
- Uso electoral de programas sociales estatales
- Intimidación y violencia política
- Violencia política de género, documentada en video
El partido señaló además que el rebase de topes de campaña está vinculado directamente a la magnitud de la compra de voto detectada.
962 casillas y 22.6% de la votación
La dimensión de la impugnación es inédita. Morena detectó irregularidades en 962 casillas por diversos motivos, lo que representa el 22.6% de la votación total. Con base en ello, solicita la nulidad total de la elección en los 16 distritos locales.
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“Vamos a llegar hasta la última instancia electoral”, advirtió la vocería del partido.
El PRI de Durango a Coahuila: un operativo que se replica
Uno de los señalamientos más graves que lanzó Morena apunta a un patrón sistemático: el PRI habría ensayado este operativo primero en Durango y lo habría perfeccionado en Coahuila.
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“Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó en Durango, perfeccionó en Coahuila y no vamos a permitir que lo siga reproduciendo, atentando contra la democracia”, afirmó la representante morenista.
Servidores públicos como operadores
Otro elemento que Morena considera clave en su caso legal es la identidad de los operadores electorales. Según el partido, la información recabada indica que varios de ellos son servidores públicos, dato que está siendo verificado mediante el cruce con las nóminas del gobierno del estado de Coahuila.
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De confirmarse, el hallazgo reforzaría el eje de participación indebida de funcionarios y elevaría la gravedad jurídica de la impugnación.
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