Seis meses después de que Jesús Guadalupe Camargo Loya desapareciera en Guasave, Sinaloa, cinco colectivos locales emitieron un posicionamiento conjunto para denunciar la ausencia de resultados reales en la investigación. La exigencia llega sin que las autoridades hayan informado avances concretos sobre el paradero del activista de 24 años, visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 a las 21:00 horas.
El caso no ocurre en el vacío. Camargo Loya era fundador del colectivo “En una sola voz y lucha”, creado para exigir justicia por el feminicidio de su madre y su hermana en 2012, y participaba activamente en el Comité de Diversidad Guasave. Su desaparición concentra dos vulnerabilidades documentadas: la de los defensores de derechos humanos y la de las personas de la comunidad LGBT+.
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Cinco colectivos firman el posicionamiento
Las organizaciones Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave, Diversidad Guasave y Mutantes Disidentes suscribieron el documento de manera conjunta. La acción coordinada entre grupos feministas, de búsqueda y de diversidad sexual marca una articulación inédita en torno al caso.
Los colectivos señalaron que la investigación no registra resultados significativos a medio año de la desaparición. La falta de avances contrasta con la urgencia que los propios grupos habían advertido desde diciembre: el tiempo es el factor más crítico en cualquier caso de persona desaparecida.
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La coronación de la Marcha LGBT+ y el silencio oficial
El 6 de junio pasado, durante la coronación de la Marcha LGBT+ en Guasave, los colectivos hicieron un llamado público para que las autoridades presentes se pronunciaran sobre el caso. Ningún funcionario emitió declaración alguna en ese espacio.
Ese silencio institucional es uno de los ejes del posicionamiento. Los grupos lo describen como una señal de la falta de sensibilidad oficial ante una desaparición que involucra a un integrante activo de la comunidad diversa.
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La voz de quien asumió el acompañamiento
Miguel Lino López, presidente del Comité de Diversidad Guasave, explicó que ante la ausencia de familiares directos, los integrantes de la comunidad tomaron el rol de acompañamiento y de presión para que los protocolos de búsqueda se mantuvieran activos. Su declaración expone una falla estructural: el sistema institucional exigía en un principio que fuera un familiar directo quien interpusiera la denuncia formal, pese a que Camargo Loya se encontraba distanciado de su núcleo familiar.
Esa condición retrasó el inicio formal de las actuaciones y generó una de las primeras denuncias públicas contra la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los colectivos la documentaron desde diciembre como una muestra de la violencia institucional que enfrentan quienes defienden derechos humanos.
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Los destinatarios directos del llamado
El posicionamiento nombra a dos funcionarias de forma explícita. Los colectivos exigen que la diputada local María Teresa Guerra Ochoa y la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya se pronuncien públicamente y atiendan el caso con acciones concretas.
La interpelación directa a cargos electos responde a la estrategia de los grupos: visibilizar la omisión de quienes tienen poder de gestión y representación política en el municipio.
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La ficha de búsqueda y los datos del activista
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió desde diciembre la ficha con cédula RZN-0277-2025. El documento describe a Camargo Loya como un hombre de 1.80 metros de estatura, tez morena clara, complexión mediana, frente y boca grandes, cejas pobladas y cabello lacio.
Quien cuente con información puede comunicarse al número 668 219 45 25 o al correo cebpd@sinaloa.gob.mx de la Comisión Estatal de Búsqueda. Ambos canales operan de forma confidencial.La frase que resume la exigencia
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“Jesús merece ser buscado y encontrado con bien, igual que todas las personas desaparecidas”, expresaron los colectivos en el documento. La oración cierra el posicionamiento y lo conecta con la demanda más amplia del movimiento de búsqueda en México.
Los grupos advirtieron que continuarán pendientes de cualquier avance relacionado con el caso. La vigilancia colectiva se convierte así en el único mecanismo de presión activo ante la ausencia de respuestas institucionales a seis meses de la desaparición.
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