
Las acusaciones e investigaciones difundidas desde Estados Unidos contra políticos vinculados a Morena continúan generando reacciones dentro del partido.
Ahora fue el vocero de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, quien rechazó los señalamientos y aseguró que carecen de pruebas que los respalden.
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Durante una conferencia de prensa, el legislador desestimó los reportes que involucran a gobernadores y otros integrantes del movimiento en presuntos nexos con el crimen organizado, al considerar que se trata de versiones mediáticas que no cuentan con respaldo oficial.
“Son señalamientos mediáticos. No hay pruebas”, afirmó Ávila al ser cuestionado sobre las investigaciones difundidas por medios estadounidenses.

Además, señaló que no existe hasta el momento algún posicionamiento formal de la Embajada de Estados Unidos o del Departamento de Estado que confirme dichas acusaciones.
Arturo Ávila cuestiona la falta de pronunciamientos oficiales
El diputado sostuvo que las investigaciones periodísticas deben analizarse con cautela y diferenciarse de procesos judiciales o investigaciones oficiales.
Según explicó, hasta ahora las versiones conocidas públicamente no han sido acompañadas por documentos oficiales ni por declaraciones de autoridades estadounidenses que acrediten la existencia de procedimientos formales contra los políticos señalados.
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Ávila también hizo referencia al caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien recientemente aseguró que mantiene vigente su visa y que continúa realizando actividades relacionadas con Estados Unidos, pese a las versiones que apuntaban a restricciones migratorias.
Para el legislador, resulta necesario evitar que se generen juicios anticipados sin elementos que permitan comprobar las acusaciones.
Gobernadores y funcionarios de Morena repiten la misma línea de defensa
Las declaraciones de Arturo Ávila se suman a una serie de respuestas emitidas por integrantes de Morena que han enfrentado señalamientos similares en las últimas semanas.

Entre los casos más relevantes destacan:
- Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, quien ha rechazado cualquier vínculo con organizaciones criminales.
- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien calificó las acusaciones como una “infamia” y aseguró que su visa permanece vigente.
- Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, quien afirmó que los señalamientos son falsos y carecen de evidencia.
- Enrique Inzunza, senador de Morena, quien negó las imputaciones y aseguró que demostrará su falsedad.
Dirigentes nacionales y legisladores morenistas que han exigido pruebas verificables antes de dar por ciertas las acusaciones.
En todos los casos, la respuesta ha seguido una narrativa similar: negar los hechos, cuestionar el origen de las versiones y exigir evidencias judiciales concretas.
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Morena denuncia una campaña para construir la narrativa de un “narcogobierno”
Durante la llamada “Legislativa del Pueblo”, Arturo Ávila aseguró que existe una estrategia política dirigida a relacionar a Morena y a la Cuarta Transformación con el narcotráfico.

El vocero sostuvo que esta narrativa comenzó a fortalecerse desde el proceso electoral de 2024 y que posteriormente fue impulsada por distintos sectores políticos y mediáticos.
De acuerdo con su postura, el objetivo sería desacreditar al movimiento gobernante mediante acusaciones que, según afirmó, no han sido sustentadas por pruebas contundentes.
“Lo que nos corresponde es tener señalamientos acompañados de pruebas para que no se generen linchamientos mediáticos”, expresó.
Oposición cuestiona postura de Morena y regreso de AMLO al debate público
Las declaraciones de Ávila también se dieron en el contexto del respaldo que Morena manifestó a la carta pública difundida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Mientras el oficialismo defendió el mensaje y cerró filas con la mandataria federal, dirigentes del PAN y del PRI criticaron el regreso de López Obrador al debate político nacional.
Desde la oposición se ha argumentado que las acusaciones deben investigarse a fondo, mientras que Morena insiste en que no pueden darse por válidas sin procesos judiciales o pruebas verificables.
La controversia ha escalado en las últimas semanas debido a los reportes provenientes de Estados Unidos que involucran a gobernadores, legisladores y exfuncionarios del partido gobernante.
Sin embargo, hasta ahora, la respuesta oficial de Morena ha mantenido una postura uniforme: rechazar las acusaciones, exigir evidencias concretas y denunciar lo que consideran una campaña de desprestigio contra la Cuarta Transformación.
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