Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, salió este miércoles a desmentir que Jesús Zamora Cervantes, detenido horas antes por presuntamente encabezar una célula dedicada a la extorsión de prestadores de servicios turísticos en las playas del puerto, haya fungido como asesor de su gobierno municipal.

Con un mensaje a través de sus redes sociales, la funcionaria calificó de “falsa” la información difundida por medios de comunicación y acusó a esas publicaciones de buscar politizar un operativo de seguridad federal.

La negación llegó después de que reportes locales identificaron a Zamora como “asesor general” de la alcaldesa. Al momento de su detención, el propio Zamora habría argumentado ante los elementos que lo arrestaron que contaba con acuerdos con instancias gubernamentales, según las mismas fuentes.

López Rodríguez reaccionó en dos momentos. Primero, ante medios de comunicación, sostuvo que la ley debe aplicarse sin distinción: “Yo estoy a favor de que se aplique la ley en todo aquel que la viole”, y agregó: “No tengo la facultad ministerial, pero lo que yo digo es que la ley se aplica pareja”.

En un comunicado posterior fue más directa. Afirmó que la nota sobre la participación del detenido en labores de asesoría “ofende a la digna profesión del periodismo” y “desvirtúa el trabajo realizado por el titular de la SSPC y de las instituciones que participan en labores en favor de la seguridad".

Los registros oficiales del gobierno de Guerrero contradicen esa versión. Comunicados de la Sala de Prensa estatal documentan que Jesús Zamora Cervantes, en su carácter de presidente del Consejo Consultivo de Turismo, se reunió en diversas ocasiones con funcionarios estatales.

El 10 de marzo de 2026, apenas tres meses antes de su detención, el propio subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, “refrendó el reconocimiento” a Zamora Cervantes por su “compromiso y labor” al frente del sector.

El vínculo de Zamora con el aparato gubernamental no es reciente. En marzo de 2018, el entonces gobernador Héctor Astudillo Flores lo nombró encargado de despacho de la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del estado, cuando se desempeñaba como oficial mayor de la Administración Fiscal Acapulco número 2, dependiente de la Secretaría de Finanzas estatal.

Operativo contra red de extorsión dejó 11 detenidos

El arresto de Zamora se produjo en el marco de la denominada “Operación Enjambre”, ejecutada durante la madrugada del miércoles en el fraccionamiento Costa Azul. En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, la FGR, la Semar, policías estatales y agentes federales de la SSPC.

El operativo dejó 11 detenidos. De ellos, siete cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.

Durante los cateos se aseguraron tres armas cortas, 23 teléfonos celulares, tabletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y tres vehículos.

Junto a Zamora fueron arrestados Arturo Pantoja Guatemala, Marco Antonio Velázquez Girón y Abad Esparza Bustos, identificados como dirigentes de prestadores de servicios en las zonas Dorada, Tradicional, Caleta y Caletilla. Los otros detenidos fueron identificados como Marco Antonio, Javier, Benito, Antonia, Nancy, Liliana, Lorelei, Abad y Julio. La esposa de Zamora también habría sido detenida y ambos habrían sido trasladados a la Ciudad de México para continuar con los procedimientos correspondientes.

Cuotas semanales, marchas forzadas y un negocio irregular: así operaban

Zamora Cervantes era una figura pública en Acapulco. Encabezaba el Frente de Defensa de los Prestadores de Servicios Turísticos, desde donde organizó durante años protestas y bloqueos contra la Semar y contra el proyecto del Marinabús en el puerto, según medios locales.

Las investigaciones que derivaron en su detención apuntan a una operación de extorsión sistemática. Derivado de denuncias ciudadanas, agentes de seguridad identificaron que Zamora y su grupo intimidaban y exigían cuotas semanales a prestadores de servicios turísticos para permitirles operar en playas y zonas de alta afluencia sobre la costera Miguel Alemán.

Entre las víctimas se encontraban restauranteros informales, vendedoras de alimentos y personas dedicadas a la renta irregular de sillas y toldos en zona de playa.

Las acusaciones van más lejos. Diversas versiones recabadas por las autoridades señalan que Zamora también obligaba a integrantes del gremio a participar en marchas, bloqueos y actos políticos a cambio de supuestos beneficios económicos.

Zamora operaba además un establecimiento llamado “El Camarón de Jackie”, ubicado sobre la zona federal marítimo-terrestre, presuntamente asentado de manera irregular sobre la franja de arena sin los permisos correspondientes. Las acusaciones en su contra incluyen también presuntos vínculos con grupos de delincuencia organizada, actividades relacionadas con venta ilegal de alcohol y distribución de droga en puntos turísticos del puerto.

Los delitos que se le atribuyen a Zamora como presunto líder de la célula son extorsión, amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo.