El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones a los Lineamientos de fiscalización aplicables a los procesos de Revocación de Mandato en donde establece monitorear la propaganda de los partidos políticos con el fin de supervisar el uso de recursos empleados durante este proceso.
Con ello, el INE garantiza certeza jurídica y rigor técnico en la supervisión de los recursos empleados en ejercicios de democracia directa.
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De acuerdo al INE, esto fue en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las modificaciones establecen reglas generales para la fiscalización de partidos políticos, ratificando el uso de sistemas institucionales para la captura única de información sobre ingresos y egresos.
EL instituto informó que estas adecuaciones adquieren relevancia para el proceso de revocación de mandato en el estado de Oaxaca, correspondiente al periodo 2022-2028, y se aplicarán también en futuras consultas de participación ciudadana, tanto de alcance nacional como local, previstas para el año 2026.
Qué hará el INE para garantizar certeza y rigor en el proceso de revocación de mandato
Entre las nuevas disposiciones incorporadas, se establece la obligación de monitorear la propaganda empleada en vías públicas, medios impresos y plataformas digitales.
Estas medidas permitirá una supervisión más estricta sobre el uso de recursos en la difusión de mensajes relacionados con los procesos de revocación y otras consultas ciudadanas.
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De igual manera, se introduce el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), como requisito indispensable para validar las transacciones financieras, garantizando la transparencia en el origen y destino de los recursos empleados en estos procesos. Este mecanismo busca garantizar la transparencia en el origen y destino de los recursos.
Además de la aprobación de estos lineamientos, el INE informó que en la sesión extraordinaria del Consejo General se presentó el Informe de actividades de la Presidencia de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional, bajo la responsabilidad de la Consejera Claudia Zavala Pérez.
El documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. En él se detallan las acciones realizadas y los avances alcanzados en la ejecución de los planes de trabajo del último semestre, así como los retos enfrentados en la profesionalización y fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal electoral.
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