
En lo que va del 2026 han sido registrados tres secuestros masivos de trabajadores de diferentes gremios y en diferentes parte del país. Si bien los empleados han sido objeto de los grupos delictivos desde hace años, el investigador Víctor Sánchez Valdés platicó con Infobae México sobre los casos de las desapariciones en diversas partes del país.
A finales de enero pasado fue informada la no localización de 10 ingenieros dedicados al sector minero en Concordia, Sinaloa. Mientras que para el mes de marzo fueron registrados otros dos casos.
Por un lado, siete electricistas desaparecieron en Matehuala, San Luis Potosí. A lo anterior se suma el caso de trabajadores desaparecidos en China, Nuevo León.
En el caso de Concordia, la Fiscalía General de la República (FGR) ya identificó varios cuerpos. Las autoridades de Matehuala confirmaron la localización con vida de los siete electricistas, mientras que siete de ocho personas fueron halladas por los agentes de seguridad de Nuevo León.

Una tendencia nacional
Víctor Sánchez considera que los grupos delictivos siempre han visto las actividades de extorsión una una fuente constante de ingresos, por lo que el secuestro de empleados suele generar presión a las empresas para que paguen el denominado “derecho de piso”.
Para lo anterior, las organizaciones criminales suelen buscar empresas con solvencia económica.
“Todo responde pues a una tendencia nacional en donde, debido a que cada vez hay más organizaciones criminales, estas tienen que recurrir a la diversificación de fuentes de ingreso”, comentó el especialista en seguridad pública en entrevista para esta casa editorial.
Los amplios márgenes de ganancia de determinadas empresas se vuelven un factor relevante para las estructuras delictivas. Además, factores como la localización de las compañías y la poca vigilancia de las mismas tienden a generar que sean objetivos de extorsiones.

Extorsión y reclutamiento las razones detrás de las desapariciones
“Hay una propensión de las organizaciones a buscar trabajadores de empresas transnacionales o con cobertura nacional como una forma de obtener ingresos”, continúa Sánchez Valdés.
El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también añade que no solo se trata de actividades de extorsión contra los trabajadores, pues al parecer en el caso de San Luis Potosí, el objetivo habría sido el de reclutar a los electricistas.

Además, agrega que las acciones por parte de grupos criminales pueden rastrearse hasta hace varios años.
“Desde la década de los 2000 había extorsiones a agricultores mucho tiempo antes y el sector energético también desde la década de los 2000″.
Como una posible solución, Víctor Sánchez apuesta porque haya coordinación de las autoridades con las cámaras de comercio y que haya sistemas tempranos de alerta. Lo anterior en el marco de la Estrategia Nacional contra la extorsión anunciada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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