Sentencian a responsables del homicidio del buscador Javier Barajas en Guanajuato tras casi cinco años del crimen

El fallo se emitió por el asesinato ocurrido en 2021 en Salvatierra; la etapa de sanciones sigue pendiente por un amparo en trámite

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La sentencia se sustentó en un conjunto de pruebas que incluyó testimonios de testigos presenciales, análisis de geolocalización de teléfonos móviles y la detención de los responsables en posesión del arma utilizada en el homicidio.  (Crédito: Centro Prodh)
La sentencia se sustentó en un conjunto de pruebas que incluyó testimonios de testigos presenciales, análisis de geolocalización de teléfonos móviles y la detención de los responsables en posesión del arma utilizada en el homicidio. (Crédito: Centro Prodh)

La Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato dictó una sentencia condenatoria por el homicidio de Francisco Javier Barajas Piña, ocurrido en mayo de 2021 en el municipio de Salvatierra. La resolución fue emitida el 27 de febrero de 2026, casi cinco años después del crimen.

Barajas Piña formaba parte de Ángeles de Pie Por Ti, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas y participaba en las labores para localizar a su hermana, quien había sido reportada como desaparecida en febrero de 2019 y posteriormente encontrada en una fosa clandestina en la misma región.

De acuerdo con la información del caso, la sentencia se sustentó en un conjunto de pruebas que incluyó testimonios de testigos presenciales, análisis de geolocalización de teléfonos móviles y la detención de los responsables en posesión del arma utilizada en el homicidio. Durante el proceso, uno de los testigos fue reportado como desaparecido.

El caso avanzó a lo largo de varios años impulsado por la familia de la víctima, que continuó el seguimiento de las investigaciones en medio de condiciones de riesgo. Colectivos de búsqueda también acompañaron el proceso judicial.

Definición de sanciones, detenida por amparo

Aunque el tribunal determinó la responsabilidad penal de los acusados, el procedimiento aún no concluye. La audiencia para definir las sanciones no se ha realizado debido a que uno de los sentenciados promovió un amparo directo, recurso que deberá ser resuelto por instancias federales.

El caso se inscribe en un contexto nacional en el que organizaciones civiles han documentado agresiones contra personas buscadoras, quienes realizan labores de localización de desaparecidos en distintas regiones del país. De acuerdo con registros referidos por el Centro Prodh, desde 2010 se han documentado al menos 34 asesinatos de personas dedicadas a esta actividad.