
La investigación comenzó en el ámbito más íntimo: el de un hogar donde, según la denuncia, algo no estaba bien. Fue el padre de dos niñas quien encendió la alerta al encontrar en dispositivos electrónicos —un teléfono celular y una computadora— imágenes y videos de contenido sexual en los que aparecían sus propias hijas. Ese hallazgo marcó el inicio de una indagatoria que hoy mantiene a una mujer, identificada como Nayelli “N”, sujeta a proceso penal en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la mujer, quien se desempeñaba como profesora, es investigada por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La acusación no solo involucra a sus hijas menores de edad, sino que, conforme avanzaron las diligencias, abrió nuevas líneas de investigación que alcanzan el entorno escolar donde laboraba.
El material encontrado por el denunciante no era aislado. De acuerdo con los reportes ministeriales, en los mismos dispositivos se localizaron también grabaciones provenientes de cámaras de videovigilancia instaladas en un baño. En esas imágenes, señalaron las autoridades, aparecían otras niñas. Con el avance de las indagatorias, se estableció que dichas cámaras corresponderían a los sanitarios de la escuela donde Nayelli “N” trabajaba como docente.

El caso, entonces, dejó de ser únicamente familiar para convertirse en un asunto de posible alcance institucional. Por ello, la fiscalía capitalina dio vista a la Fiscalía General de la República, ante la posible comisión de delitos del orden federal relacionados con la captación de imágenes en instalaciones escolares.
Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión. Esta fue ejecutada el 11 de marzo de 2026 por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac, donde la mujer fue localizada y detenida.
Dos días después, el 13 de marzo, durante la audiencia inicial, la autoridad judicial evaluó los elementos presentados por la fiscalía y determinó vincularla a proceso. Como medida cautelar, se le impuso la prisión preventiva, mientras que se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Durante ese periodo, las autoridades continuarán recabando pruebas y desarrollando diligencias que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas o responsabilidades adicionales.

El caso ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de los entornos que, en principio, deberían ser seguros: el hogar y la escuela. También ha evidenciado el papel determinante de la denuncia, que en este caso partió del círculo más cercano a las víctimas.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró que la investigación sigue en curso y subrayó su compromiso de actuar frente a delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.
Al mismo tiempo, recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia establecido en el sistema penal mexicano, Nayelli “N” debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
En medio del proceso judicial, el expediente continúa creciendo, pieza por pieza, con la intención de reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, de garantizar justicia para las víctimas.
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