La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz notificó el viernes 20 de febrero a la periodista Fernanda de Luna Ferral sobre el retiro de su esquema de seguridad, una decisión que generó críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La medida se implementó sin la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia federal que no solicitó la cancelación de la protección, según denunció el colectivo Artículo 19.
Fernanda Ferral, periodista independiente y activista por los derechos humanos, ha enfrentado reiterados episodios de violencia desde el asesinato de su madre, María Elena Ferral, en marzo de 2020.
El caso cobró notoriedad tras la liberación, durante 2024 y 2025, de dos de los presuntos implicados en el homicidio, bajo argumentos de supuestas irregularidades en el proceso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y falta de pruebas. Desde entonces, la reportera ha sido blanco de agresiones, incluido un ataque armado.
Ante este contexto, Fernanda Ferral permanece como beneficiaria del Mecanismo de Protección desde 2020.
De acuerdo con Artículo 19, la remoción del esquema de seguridad ocurre sin que exista una actualización reciente del análisis de riesgo, lo que incrementa la preocupación sobre la integridad de la periodista.
La organización advirtió sobre la falta de coordinación entre la SSP de Veracruz y el Mecanismo Federal, lo que pone de relieve la urgencia de fortalecer las políticas públicas de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
En este contexto, Artículo 19 exigió a la SSP de Veracruz restituir el esquema de seguridad para garantizar la protección de Fernanda Ferral y respetar los convenios establecidos en la legislación vigente.
La organización también solicitó al Mecanismo de Protección actualizar el análisis de riesgo de la periodista y coordinar con las autoridades estatales el restablecimiento inmediato de las medidas de protección.
En paralelo, el colectivo Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) expresó su preocupación ante la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el 24 de febrero de 2026 relacionada con el amparo en revisión 394/2025, promovido por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez en situación de desplazamiento forzado.
El proyecto, a cargo de la ministra María Estela Ríos González, propone negar el amparo bajo el argumento de que el plazo de treinta días para solicitar medidas de protección es razonable y no vulnera derechos fundamentales.
CIMAC señaló que el proyecto omite un análisis integral desde la perspectiva de género y derechos humanos, dejando de lado las afectaciones diferenciadas hacia mujeres periodistas y sus hijos.
Entre los puntos críticos, la organización identificó la violación a la libertad de expresión, la ausencia de enfoque de género, la vulneración de derechos de niñas y niños, el incumplimiento de obligaciones internacionales y el desconocimiento de los estándares sobre desplazamiento forzado interno.
La discusión de la Suprema Corte sobre este caso pone en el centro el debate sobre la protección efectiva de periodistas en México y la necesidad de atender los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en contextos de violencia y desplazamiento.
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