El operativo de recuperación de un inmueble habitado por personas inmigrantes en la colonia Valle Gómez, en la Ciudad de México, evidenció una movilización.
Conforme a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), la pauta fue marcada por una atención que abarcó desde apoyo social inmediato hasta el ofrecimiento de alternativas de albergue para dichas personas que habitaban en el lugar.
La diligencia, ejecutada en la mañana en el 1729 de Avenida Río Consulado, contó con la intervención de diversas entidades: Derechos Humanos de la Ciudad de México, Secretaría de Gobernación, Policía de Investigación, Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras.
Estos organismos establecieron un cerco de protección y vigilancia en el predio, a fin de garantizar que la salida de los ocupantes y el retiro de sus pertenencias transcurriera en calma.
Según la información oficial, no se registró ningún tipo de conflicto ni incidentes durante el procedimiento.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México supervisó
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) supervisó la actuación de las autoridades, asegurando que el respeto a los derechos fundamentales de las familias desalojadas se mantuviera en todo momento.
El acompañamiento institucional incluyó la presencia de personal del Sistema DIF CDMX, el Instituto para el Envejecimiento Digno, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos y el Instituto de Vivienda.
El objetivo fue brindar atención diferenciada a personas en situación de vulnerabilidad, priorizando el interés superior de niños presentes.
La CDHCM advirtió que el éxito de estas medidas depende en gran medida de la aceptación voluntaria de los apoyos por parte de los afectados, que en esta ocasión no se reportó que hubiera algún tipo de resistencia por parte de quienes habitaban el inmueble.
Rechazaron el apoyo
De acuerdo con la información del Gobierno de la Ciudad de México, la mayoría de las familias rechazaron la oferta de albergue, argumentando contar con redes propias de apoyo.
Este hecho limita el alcance real de los programas sociales desplegados en operativos similares y plantea desafíos para el seguimiento institucional posterior.
Previamente, a las personas migrantes se les informó que serían trasladadas al Instituto Nacional de Migración para definir su situación administrativa y recibir el apoyo necesario.
El procedimiento concluyó con el desalojo voluntario y ordenado de los ocupantes, quienes retiraron sus pertenencias bajo la supervisión de las autoridades.
Posteriormente, se colocaron sellos oficiales y fajillas, quedando el inmueble bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Este fenómeno, observado en la colonia Valle Gómez, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y adaptación de las políticas públicas dirigidas a poblaciones vulnerables en procesos de desalojo.
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