Congreso mexiquense pone fin a conflicto territorial entre Ecatepec y Acolman: así beneficiará la resolución a la ciudadanía

Legisladores del Estado de México determinaron donar un predio para la construcción de una escuela normal

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Diputados del Estado de México
Diputados del Estado de México aprobaron una resolución sobre el diferendo entre Ecatepec y Acolman. (Crédito: Wikimedia)

Este miércoles 11 de febrero de 2026, la LXII Legislatura del Estado de México resolvió el histórico conflicto limítrofe entre los municipios de Ecatepec y Acolman, poniendo fin a tres décadas de incertidumbre en torno al polígono de “Santa María Chiconautla”, que abarca 475 hectáreas.

El acuerdo redefine la administración, la prestación de servicios y la certeza jurídica para miles de habitantes, consolidando un precedente de gobernabilidad y equidad territorial en la entidad.

Certidumbre jurídica y acceso a servicios en Santa María Chiconautla

La resolución legislativa, presentada por el diputado Román Francisco Cortés Lugo, sienta las bases para que la población afectada, que suma más de 35 mil personas, acceda a servicios esenciales como agua, drenaje y seguridad pública.

El dictamen identifica con precisión las fronteras municipales, lo que permitirá una administración eficiente de los recursos y la aplicación de políticas públicas con respaldo legal.

La ciudadanía asentada en el
La ciudadanía asentada en el predio mencionado podrá tener acceso a distintos servicios, tanto en Ecatepec como Acolman. (Credito: CUARTOSCURO)

Las colonias y zonas involucradas quedaron así delimitadas:

  • Acolman incorpora:
    • Prado San Juan (solo calles Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias)
    • Guerrero y Pirules
    • La Termoeléctrica e instalaciones de PEMEX
    • Área total: 202.18 hectáreas
  • Ecatepec suma:
    • Prado San Juan (excepto las calles mencionadas)
    • Lázaro Cárdenas, La Laguna y Ejido Santa María Chiconautla
    • Áreas de juzgados penales, el Penal de Ecatepec y El Tiradero
    • Área total: 272.82 hectáreas

El expediente, respaldado por documentos oficiales, testimonios y peritajes, también consideró estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana y reportes del Registro Agrario Nacional para garantizar una delimitación inapelable.

Proceso legislativo y criterios de resolución

La línea limítrofe, que se extiende por más de 12 mil 700 metros, fue trazada con el apoyo técnico del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (Igecem).

El dictamen no se limitó a un enfoque técnico: también ponderó la realidad cotidiana, la equidad en la distribución de responsabilidades, la proporcionalidad y la historia de la prestación de servicios.

En la fundamentación del acuerdo, se incluyó la aportación de la diputada Beatriz García Villegas (LXl Legislatura), quien impulsó el procedimiento en 2022 para atender la precariedad de 8 mil viviendas sin acceso regular a agua potable y servicios básicos.

La medida busca atender la
La medida busca atender la precariedad de 8 mil viviendas sin acceso regular a agua potable y servicios básicos. (EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El expediente sumó pruebas de inspecciones oculares y documentación pública, consolidando una solución que, según las y los legisladores, “fortalece la identidad y la certeza jurídica de la población”.

El trabajo fue resultado de la coordinación entre la comisión legislativa, diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas, Zaira Cedillo Silva, Octavio Martínez Vargas, Osvaldo Cortés Contreras, Ernesto Santillán Ramíre, y el respaldo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Francisco Vázquez Rodríguez.

Donación de predio para escuela normal

Por otro lado, el Congreso también autorizó la donación de un predio de 15 mil 003.55 metros cuadrados en Otumba para la construcción de una escuela normal, a propuesta del Ejecutivo estatal.

El inmueble, conocido como “Rancho Pabellón”, servirá a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, siempre y cuando mantenga el destino educativo autorizado. De cambiarse el uso, la propiedad revertirá al ayuntamiento.