
Fuentes cercanas al caso confirmaron el hallazgo e identificación del cuarto cuerpo sin vida, sin embargo, la familia solicitó no revelar el nombre. Además, habría otro cuerpo más identificado, pero se espera la confirmación de las autoridades.
Esta mañana, el sector minero expresó su pesar por la confirmación del fallecimiento de tres trabajadores que habían sido privados de la libertad en Concordia, Sinaloa, y exigió a las autoridades el fortalecimiento de las investigaciones, así como garantías reales de seguridad para quienes laboran en regiones mineras del país.
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A través de un comunicado conjunto, organizaciones y cámaras del sector lamentaron la muerte de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron secuestrados junto con otros compañeros el pasado 23 de enero y posteriormente localizados sin vida por las autoridades.
El gremio señaló que la agresión contra los trabajadores es inaceptable bajo cualquier criterio técnico o social, y advirtió que mantendrá una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
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En el posicionamiento, el sector minero unido subrayó que las familias y la comunidad minera merecen una resolución que vaya más allá de cifras y se traduzca en justicia efectiva. Reafirmaron su compromiso de acompañar a los deudos y colaborar con las autoridades hasta que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.
Asimismo, hicieron un llamado para que la prioridad absoluta continúe siendo la localización con vida de los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras los hechos ocurridos en Concordia, con el objetivo de que puedan regresar con sus familias.
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¿Qué pasó en Concordia, Sinaloa?
El 23 de enero de 2026, un grupo armado privó de la libertad a varios trabajadores vinculados a la minera canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio serrano de Concordia, Sinaloa. Inicialmente se reportó el secuestro de al menos diez personas, entre ingenieros, geólogos y personal de seguridad que se encontraban en un campamento del proyecto Pánuco; familiares y asociaciones incluso señalaron que podrían ser 14 los trabajadores afectados tras reanalizar distintas versiones del caso.
La ausencia de comunicación con las víctimas generó alarma nacional y llevó a la empresa a suspender temporalmente operaciones en la zona mientras las autoridades —estatales y federales— activaban protocolos de búsqueda y despliegue de seguridad. El operativo incluyó el envío de más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas especiales en apoyo a la localización de los trabajadores.
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Con el paso de los días, la tragedia se agravó: fosas clandestinas en la zona de El Verde arrojaron restos humanos que corresponden a varios de los mineros secuestrados, confirmando la muerte de algunos de ellos e intensificando el reclamo de justicia por parte de sus familias y del sector minero. Hasta ahora, la búsqueda de los restantes desaparecidos continúa en medio de un contexto de violencia ligada a grupos del crimen organizado en la región.
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