La jueza federal Diana Isabel Ivens Cruz concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para concluir la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, un siniestro que provocó la muerte de 14 personas y dejó a ocho más lesionadas.
De acuerdo con la información publicada por El Universal, la consecuencia directa de este plazo es que, a más tardar el 28 de julio de este año, la FGR deberá formular la acusación formal contra los imputados, salvo que solicite una prórroga conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En la fase más reciente del proceso, la jueza estableció que, durante ese tiempo, los implicados cumplirán prisión preventiva justificada en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 ‘El Amate’, ubicado en Cintalapa, estado de Chiapas. La jueza advirtió que la duración del encarcelamiento no debe superar los dos años, bajo la vigilancia del juez de Ejecución. Además, durante la última audiencia, la jueza instruyó al director del penal que debe tomar medidas para que a Ricardo Mendoza Cerón —jefe de despachadores acusado— se le sauvegarde el derecho a la salud, ya que padece colon irritable y requiere lavados diarios y el medicamento Metformina.
Los individuos procesados son Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores. Ambos enfrentan cargos de homicidio culposo y lesiones culposas por estragos relacionados con la tragedia e ingresaron a “El Amate” en espera de que avance el juicio penal. La audiencia donde fueron vinculados a proceso se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa.
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Según lo expuesto por la fuente, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón ejercieron su derecho de reservar declaración, quedando representados por un defensor del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Se informó que no aportaron datos de prueba para revertir la imputación de la FGR. La versión de la autoridad sostiene que la tripulación circulaba a exceso de velocidad en el sitio donde ocurrió el descarrilamiento.
La formalización de la acusación por parte del fiscal ante la jueza Diana Isabel Ivens Cruz constituye la siguiente etapa procesal, condicionada al cierre de la investigación o a una posible solicitud de ampliación del plazo, según el marco legal vigente.
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