
Las denuncias que se han hecho contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, tendrían un trasfondo político ligado al proceso sucesorio rumbo a 2027, así como a disputas internas dentro de Morena y a actores vinculados al exgobernador Jaime Bonilla Valdez, de acuerdo con el análisis publicado por el columnista Mario Maldonado en el medio El Universal.
Según lo expuesto en la columna Historias de Negoceos, las acusaciones presentadas de manera anónima ante la Fiscalía General de la República (FGR) no tendrían como objetivo central una judicialización inmediata, sino el desgaste político de la actual administración estatal y de su círculo cercano, en un contexto donde las definiciones rumbo a la próxima gubernatura parecen haberse adelantado.
En este escenario aparece el nombre del morenista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, quien, de acuerdo con el columnista, se encuentra rezagado en las encuestas y mediciones internas para la contienda estatal.
Tras su salida como delegado de Programas para el Bienestar, Ruiz Uribe habría perdido visibilidad mediática, estructura territorial y capacidad de operación política, factores clave para posicionarse en un proceso electoral de gran escala como el de Baja California.
Operación política encabezada por expriista

Maldonado señala que el equipo de operación política de Ruiz Uribe estaría encabezado por René Mendívil, exdirigente estatal del PRI, lo que revela una estrategia de recomposición basada en alianzas con actores políticos tradicionales. Sin embargo, dicha estructura no habría logrado reposicionar al morenista entre las principales menciones ciudadanas, lo que habría llevado a su grupo a optar por una confrontación indirecta con el bloque gobernante como mecanismo de reposicionamiento.
De acuerdo con el análisis, las denuncias contra Torres Torres se caracterizan por una acumulación de señalamientos cuya investigación y resolución difícilmente se daría en el corto plazo. Este tipo de expedientes, explica el columnista, suelen utilizarse como herramientas de presión política, ya que mantienen el tema en la agenda pública sin necesidad de una resolución judicial inmediata.
Asimismo, se apunta que detrás de esta ofensiva también estarían empresarios con intereses en Baja California que quedaron marginados tras la salida de Jaime Bonilla del gobierno estatal. Estos grupos buscarían recuperar espacios de influencia económica y política perdidos durante el relevo en el Ejecutivo local, aprovechando el contexto de competencia interna en Morena.
Sucesión antes de tiempo

El caso, subraya Maldonado, confirma que la sucesión en Baja California comenzó antes de tiempo, replicando un patrón observado en otras entidades gobernadas por Morena, donde las pugnas internas se trasladan al terreno de las filtraciones, denuncias mediáticas y narrativas de desgaste, más que a los canales institucionales del partido.
En este contexto, queda abierta la interrogante sobre el papel de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, y si se encuentra dando seguimiento puntual a esta escalada de confrontaciones internas, así como a sus posibles efectos rumbo al proceso electoral de 2027.
El desarrollo de este episodio será clave para entender el rumbo que tomará Morena en Baja California, así como la capacidad del partido para procesar sus disputas internas sin comprometer la gobernabilidad ni la cohesión política en uno de sus bastiones electorales más relevantes.
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