El colectivo Artículo 19 México y Centroamérica acusó al gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, de mantener un ambiente hostil contra la prensa, “a base de estigmatizaciones y acoso judicial”.
Esto en el contexto de que en el 2025, hubo diversos conflictos entre la mandataria y medios locales, como el caso del periodista Jorge González, a quien incluso se le prohibió publicar contenido sobre la gobernadora.
En un comunicado, la organización acusó a la mandataria estatal de generar espacios de criminalización y denostación de la prensa en el programa ‘El martes del Jaguar’, que encabeza Layda Sansores cada semana.
Señaló que el 27 de enero pasado, la gobernadora arremetió contra un colaborador del periódico ‘Tribuna’, al afirmar que el comunicador “no debería vivir aquí”.
“En materia de discurso público, desde el año pasado esta organización rechazó los espacios de criminalización y denostación de la prensa en el “Martes del Jaguar”.
“No obstante el discurso que cataloga a la prensa como el enemigo se ha mantenido. El día de ayer, 27 de enero, en una entrevista pública afirmó que un periodista que colabora con ‘Tribuna” “no debería vivir aquí”, en respuesta a publicaciones criticas", puntualizó el colectivo.
El colectivo resaltó que recientemente se publicó un reportaje sobre diversos casos de persecución contra la prensa, el cual incluyó los impactos y cierre de cinco medios impresos.
Mencionó que “la violencia incluye también múltiples procesos de acoso judicial contra periodistas, como es el caso de Jorge Luis González, quien ha sido víctima de al menos cuatro procesos judiciales en los últimos años”.
Por ello, Artículo 19 exigió al gobierno de Campeche “atenerse a los más altos estándares de protección de la libertad de expresión y acceso a la información, reconociendo que la crítica es parte vital del desarrollo y vida democrática de cualquier entidad”.
En octubre pasado, el conflicto entre Layda Sansores y la prensa local se intensificó tras la solicitud de la Fiscalía General del Estado al medio Telemar, para que entregue información sobre periodistas, editores y directivos involucrados en la publicación de contenidos críticos hacia la mandataria.
El requerimiento oficial, que forma parte de una investigación por presunto delito de calumnia presentada por la propia Sansores, exigió la entrega de estos datos y una relación de publicaciones en un plazo de cinco días hábiles, bajo amenaza de sanciones económicas y acciones legales por obstrucción de la justicia en caso de incumplimiento.
Telemar denunció que la medida constituye un intento de intimidación y una restricción a la libertad de expresión, al señalar el uso de instituciones públicas para presionar a medios y periodistas.
El caso generó críticas de organizaciones periodísticas y usuarios en redes sociales, quienes advirtieron sobre el riesgo de establecer un precedente negativo para el ejercicio periodístico en Campeche y en México.
Este episodio se suma a otros enfrentamientos recientes entre la gobernadora y medios locales. En junio, el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, fue vinculado a proceso por presuntamente incitar al odio contra Sansores, lo que derivó en restricciones para publicar información sobre la mandataria y en una sanción económica por daño moral.
Semanas después, la Fiscalía fijó su atención en comunicadores de Telemar, reforzando la percepción de hostigamiento sistemático contra la prensa crítica.
La comunidad periodística y organizaciones defensoras de la libertad de prensa reiteraron su exigencia al gobierno estatal de respetar el artículo sexto constitucional, que garantiza la libertad de prensa y de información.
Desde el gobierno federal, se ha insistido en la obligación de los mandatarios de garantizar condiciones para el libre ejercicio informativo en el país.
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