La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal de la Región Morelia ratificó la sentencia de 50 años de prisión contra Diego Urik por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020 en la ciudad de Morelia, Michoacán.
La resolución fue emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal y mantiene firme la condena dictada originalmente en febrero de 2023.
De acuerdo con el fallo, la pena deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020, fecha en la que el sentenciado fue detenido.
Además de la prisión, se determinó la suspensión de sus derechos políticos y la obligación de cubrir la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima.
Confirman condena tras revocarse reducción de pena
La ratificación de la sentencia ocurre luego de que en noviembre de 2023 un magistrado redujera la condena de 50 a 42 años y seis meses de prisión, al argumentar la edad del acusado y su posible reinserción social.
Esta decisión generó inconformidad entre familiares de la víctima, colectivos feministas y organizaciones civiles.
Posteriormente, dicha reducción fue impugnada y revocada, con base en criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el derecho a la reinserción social no puede ser utilizado como atenuante en delitos de feminicidio.
Con ello, se restituyó la pena original de 50 años.
Reparación del daño y sanciones complementarias
Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal estableció que Diego Urik deberá pagar un millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos por concepto de indemnización y gastos mortuorios.
Asimismo, se ratificó la obligación de cubrir la reparación del daño moral causado a los familiares de Jessica González, cuyo monto será definido durante la etapa de ejecución de la sentencia.
El Poder Judicial de Michoacán señaló que esta resolución reafirma su compromiso con la justicia pronta y expedita, así como con la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas.
El feminicidio de Jessica González Villaseñor
Jessica González Villaseñor, de 21 años de edad y docente de profesión, fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020 en Morelia. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 25 de septiembre en una zona boscosa al sur de la capital michoacana.
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán determinaron que la joven presentaba signos de violencia física y sexual, por lo que el crimen fue clasificado como feminicidio agravado.
Como principal responsable fue señalado su entonces pareja sentimental, Diego Urik Mañón Melgoza.
Detención y proceso judicial
Luego de ser identificado como sospechoso, Diego Urik huyó de Michoacán y fue detenido el 30 de septiembre de 2020 en el estado de Jalisco, tras un operativo de búsqueda.
Posteriormente fue trasladado a Michoacán, donde permaneció en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.
El juicio se prolongó por casi tres años e incluyó la presentación de más de 120 pruebas por parte de la fiscalía, las cuales acreditaron la responsabilidad penal del acusado.
Durante el juicio, la fiscalía le imputó los siguientes cargos:
- Feminicidio, por el asesinato de Jessica González Villaseñor
- Violencia física y psicológica, ejercida previamente contra la víctima
- Violencia sexual, acreditada mediante dictámenes periciales
- Privación de la libertad, en el contexto de la desaparición de la joven
Indignación social y reconocimiento a la lucha por justicia
El caso de Jessica González provocó una amplia indignación social en Michoacán y a nivel nacional, convirtiéndose en un referente de la exigencia de justicia frente a la violencia feminicida.
Familiares, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos realizaron movilizaciones y protestas, especialmente tras la reducción de la pena en 2023.
En diciembre de 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán otorgó la Presea al Mérito en Derechos Humanos 2025 a Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González, en reconocimiento a su lucha constante por justicia en este caso y por su acompañamiento a otras mujeres víctimas de feminicidio.
Con la ratificación de la sentencia de 50 años de prisión, el proceso judicial queda firme y se mantiene la clasificación del delito como feminicidio, cerrando uno de los casos más relevantes en materia de justicia penal y derechos de las mujeres en Michoacán.
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