Organizaciones que representan a familiares de las víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, expresaron su indignación por el reciente nombramiento de Francisco Garduño Yáñez en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las agrupaciones recordaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de los hechos que dejaron 40 personas migrantes fallecidas y decenas con lesiones graves.
Garduño fue designado como director general de Centros de Formación para el Trabajo, decisión que generó un fuerte rechazo entre colectivos y defensores de derechos humanos.
“Mensaje alarmante” del Gobierno federal
El Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJEDD) manifestaron en redes sociales que el nombramiento “envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Gobierno de México con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”.
Las organizaciones lamentaron que el titular de la SEP, Mario Delgado, haya justificado la designación calificando a Garduño como un “funcionario ejemplar”, pese a que el proceso judicial en su contra sigue abierto.
A su juicio, esta decisión revictimiza a las familias afectadas por la tragedia.
Acusan protección política e impunidad
Los colectivos señalaron que el nombramiento de Garduño responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, lo que debilita la credibilidad de las instituciones públicas.
Subrayaron que resulta especialmente grave que se le asigne un cargo en el ámbito educativo sin contar con trayectoria ni experiencia acreditable en educación, lo que profundiza la desconfianza ciudadana.
“Recibimos este nombramiento con indignación”, expresaron, al advertir que puede interpretarse como un premio inmerecido que normaliza la impunidad y el olvido institucional.
La disculpa pública no cierra el caso
Las organizaciones recordaron que el 26 de septiembre pasado, Francisco Garduño ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Sin embargo, enfatizaron que dicho acto no significa el fin del proceso judicial ni la exoneración de responsabilidades penales o administrativas.
“La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, sentenciaron Imumi y la FJEDD en su posicionamiento.
Exigen justicia para las víctimas
En un comunicado conjunto, organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa señalaron que la disculpa pública solo representa un primer paso simbólico en la reparación del daño.
Afirmaron que no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que tragedias como la de Ciudad Juárez no se repitan.
Para las familias de las víctimas y los sobrevivientes, concluyeron, la justicia sigue pendiente.
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