Desde celulares hasta radares y drones, los jammers o inhibidores de señal, han supuesto un nuevo reto para las autoridades, pues a pesar de que su uso está limitado sólo a elementos de seguridad, grupos criminales los utilizan para cometer diferentes delitos, como el robo de vehículos.
Luego de múltiples registros en los que se utilizaron estos artefactos, en 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la entrada en vigor de una reforma legal que prohíbe su uso.
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Según informó la SSPC, la medida se hizo efectiva a partir del 25 de enero de ese año, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Qué hacen los jammers en los autos
De acuerdo con el comunicado oficial, los jammers permiten a los delincuentes anular sistemas de rastreo y comunicación de los automóviles, lo que obstaculiza su localización tanto para las empresas propietarias como para las autoridades.
La reforma, publicada el 24 de enero, también incluyó la adición del artículo 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), así como modificaciones al Código Penal Federal (CPF).
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Con esta nueva normativa se prohibió de manera expresa en territoriio nacional tanto la fabricación como la comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de cualquier equipo que bloquee, cancele o anule señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos e imagen.
Según se detalla en el texto oficial, “la utilización de estos equipos queda restringida exclusivamente a autoridades de centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios, centros de internamiento para menores y a instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional en ejercicio de sus atribuciones”.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que la reforma establece la obligación de destruir los aparatos asegurados y que los particulares que posean estos equipos deberán entregarlos a la SSPC en un plazo máximo de 30 días desde la entrada en vigor del decreto.
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Qué procede con los jammers incautados
La dependencia precisó que será la encargada de coordinar y supervisar la entrega, así como la destrucción o inutilización de los dispositivos.
La iniciativa legislativa recibió respaldo del Congreso con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia tecnológica y proteger la seguridad de los usuarios de vehículos.
“Estos cambios legales serán clave para combatir con mayor efectividad a los grupos delincuenciales y mejorar los niveles de seguridad en el país”, destacó la SSPC.
La medida responde al incremento en el uso de tecnología avanzada por parte de organizaciones criminales, que han incorporado los jammers a sus métodos de robo en las principales vías de tránsito nacionales.
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La reforma buscó cerrar un vacío legal que permitía el acceso y uso indiscriminado de estos dispositivos fuera del ámbito autorizado.
La SSPC compartió en 2020 que la nueva legislación reforzaba la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de seguridad, y subrayaron la importancia del cumplimiento del plazo para la entrega voluntaria de los equipos, con la advertencia de que el incumplimiento podría acarrear sanciones conforme a la ley.
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