Conagua investiga 150 concesiones otorgadas por Fox y Peña Nieto tras nueva Ley de Aguas en México

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), informó que en el estado de Chihuahua existen múltiples casos en los que funcionarios públicos se adjudicaron, tanto a sí mismos como a sus familiares, cerca de 150 títulos de concesión de agua.

Esta situación tuvo lugar durante las administraciones de los expresidentes Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Morales López precisó que estos títulos concentran aproximadamente 47 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que, en sus palabras, “podría abastecer a muchísimas comunidades”.

El titular de Conagua remarcó que los casos mencionados actualmente están siendo objeto de revisión por parte de la dependencia.

Con Ley de Aguas buscan reordenar las concesiones

El titular de Conagua explicó que con la Ley de Aguas pretenden tener más elementos para ordenar todas las concesiones existentes y así erradicar el acaparamiento y sobreexplotación del recurso hídrico.

Morales López señaló que han “revisado 53 mil 600 títulos de concesión, que es la totalidad de los títulos que se tienen y efectivamente hemos detectado que una gran cantidad de títulos fueron otorgados, por ejemplo, para el uso agrícola”.

En el análisis que ha realizado la dependencia, ha identificado concesiones que otorgadas están siendo usadas de manera ilegal, el funcionario explicó que:

“Una gran cantidad de títulos fueron otorgados, por ejemplo, para el uso agrícola (...) que están siendo utilizados de una manera ilegal en campos de golf, en algunos completos deportivos, por ejemplo industriales”.

Asimismo, Morales adelantó que al concluir con las revisiones a las concesiones darán a conocer las zonas en las que se identifique el uso ilegal, mismas que serán clausuradas.

Ley de Aguas, reforma estructural aprobada por diputados

La Ley General de Aguas en México es una reforma estructural que redefine la gestión, uso y control del recurso hídrico en el país, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua, combatir el acaparamiento y asegurar una distribución más equitativa y sustentable.

La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales el 4 de diciembre de 2025, y el Senado la ratificó poco después, en un proceso acelerado (“fast track”) debido a la presión social y política.