La Cámara de Diputados aprobó este martes 9 de diciembre, en lo genera, una amplia reforma a la Ley General de Salud que incluye, como punto central, la prohibición absoluta de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, tras un debate de más de tres horas marcado por señalamientos de criminalización, advertencias sobre mercado negro y acusaciones de improvisación legislativa.
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La reforma establece la prohibición de producir, comercializar, importar, exportar y publicitar vapeadores.

Asimismo, contempla un fortalecimiento del sistema nacional de salud mediante compras consolidadas de medicamentos, impulso a la producción nacional de insumos y nuevas herramientas regulatorias para Cofepris.
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Mayoría promete aclarar que no habrá castigo a consumidores
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno (Morena), defendió que la iniciativa busca “proteger a niñas, niños y adolescentes” ante dispositivos diseñados con apariencias atractivas y difundidos bajo campañas engañosas.
Aseguró que, contrario a lo denunciado por la oposición, el proyecto no contempla castigos para quienes posean o usen vapeadores, sino únicamente para quienes participen en su comercio con fines de lucro.
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Zenteno adelantó que Morena presentará una reserva para precisar este punto y evitar interpretaciones que “se presten a confusiones”.
De acuerdo con el dictamen, las sanciones previstas para actividades de comercialización ilícita van de uno a ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos.
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Además, recordó que la reforma abarca temas como el aprovechamiento estratégico del plasma residual para producir hemoderivados, el reconocimiento de la salud digital y la creación de un plan maestro de infraestructura sanitaria.
Oposición acusa improvisación y riesgo de mercado negro
Diputadas y diputados del PAN, PRI y MC coincidieron en que la prohibición absoluta es desproporcionada y mal estructurada.
Irais Reyes (MC) afirmó que la reforma “criminaliza adquirir, conservar o transportar vapeadores” y que convierte a estos dispositivos en un producto cuyo mercado terminará controlado por la delincuencia organizada.
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“Cuando criminalizan toda la cadena, el mercado no desaparece: cambia de dueño”, advirtió.
Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez reprochó que se reformaran más de 150 artículos sin consulta a especialistas y criticó la falta de diálogo en un dictamen de más de 800 páginas.
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Señaló además que el gasto en salud proyectado para 2026 no alcanza el estándar mínimo recomendado por la OMS.
La priista Mónica Sandoval acusó a la mayoría de minimizar un debate que impacta directamente en políticas de salud pública y lanzó críticas entre abucheos de Morena.
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Reforma avanza entre señales de ajustes en lo particular
Aunque el bloque oficialista se comprometió a registrar reservas para dejar sin efecto cualquier interpretación de castigo a consumidores, la oposición insistió en que ese solo hecho confirma fallas de técnica legislativa.

Morena, por su parte, subrayó que la medida responde a la necesidad de frenar el uso creciente de vapeadores entre jóvenes, fenómeno que algunos legisladores estimaron ya alcanza a medio millón de adolescentes.
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A pesar de los señalamientos, el dictamen avanzó sin cambios en lo general y continuará su discusión en lo particular.
En qué consiste la reforma
- Prohibición absoluta de producción, venta, importación y publicidad de vapeadores.
- Sanciones de 1 a 8 años de prisión a quienes lucren con su comercio.
- Compras consolidadas e impulso a la producción nacional de medicamentos.
- Nuevas atribuciones regulatorias para Cofepris y fortalecimiento del sistema de salud.
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