La Cámara de Diputados aprobó este martes 9 de diciembre, en lo genera, una amplia reforma a la Ley General de Salud que incluye, como punto central, la prohibición absoluta de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 324 votos a favor y 129 en contra, tras un debate de más de tres horas marcado por señalamientos de criminalización, advertencias sobre mercado negro y acusaciones de improvisación legislativa.
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La reforma establece la prohibición de producir, comercializar, importar, exportar y publicitar vapeadores.
Asimismo, contempla un fortalecimiento del sistema nacional de salud mediante compras consolidadas de medicamentos, impulso a la producción nacional de insumos y nuevas herramientas regulatorias para Cofepris.
Mayoría promete aclarar que no habrá castigo a consumidores
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno (Morena), defendió que la iniciativa busca “proteger a niñas, niños y adolescentes” ante dispositivos diseñados con apariencias atractivas y difundidos bajo campañas engañosas.
Aseguró que, contrario a lo denunciado por la oposición, el proyecto no contempla castigos para quienes posean o usen vapeadores, sino únicamente para quienes participen en su comercio con fines de lucro.
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Zenteno adelantó que Morena presentará una reserva para precisar este punto y evitar interpretaciones que “se presten a confusiones”.
De acuerdo con el dictamen, las sanciones previstas para actividades de comercialización ilícita van de uno a ocho años de prisión y multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos.
Además, recordó que la reforma abarca temas como el aprovechamiento estratégico del plasma residual para producir hemoderivados, el reconocimiento de la salud digital y la creación de un plan maestro de infraestructura sanitaria.
Oposición acusa improvisación y riesgo de mercado negro
Diputadas y diputados del PAN, PRI y MC coincidieron en que la prohibición absoluta es desproporcionada y mal estructurada.
Irais Reyes (MC) afirmó que la reforma “criminaliza adquirir, conservar o transportar vapeadores” y que convierte a estos dispositivos en un producto cuyo mercado terminará controlado por la delincuencia organizada.
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“Cuando criminalizan toda la cadena, el mercado no desaparece: cambia de dueño”, advirtió.
Desde el PAN, Éctor Jaime Ramírez reprochó que se reformaran más de 150 artículos sin consulta a especialistas y criticó la falta de diálogo en un dictamen de más de 800 páginas.
Señaló además que el gasto en salud proyectado para 2026 no alcanza el estándar mínimo recomendado por la OMS.
La priista Mónica Sandoval acusó a la mayoría de minimizar un debate que impacta directamente en políticas de salud pública y lanzó críticas entre abucheos de Morena.
Reforma avanza entre señales de ajustes en lo particular
Aunque el bloque oficialista se comprometió a registrar reservas para dejar sin efecto cualquier interpretación de castigo a consumidores, la oposición insistió en que ese solo hecho confirma fallas de técnica legislativa.
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Morena, por su parte, subrayó que la medida responde a la necesidad de frenar el uso creciente de vapeadores entre jóvenes, fenómeno que algunos legisladores estimaron ya alcanza a medio millón de adolescentes.
A pesar de los señalamientos, el dictamen avanzó sin cambios en lo general y continuará su discusión en lo particular.
En qué consiste la reforma
- Prohibición absoluta de producción, venta, importación y publicidad de vapeadores.
- Sanciones de 1 a 8 años de prisión a quienes lucren con su comercio.
- Compras consolidadas e impulso a la producción nacional de medicamentos.
- Nuevas atribuciones regulatorias para Cofepris y fortalecimiento del sistema de salud.
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