La tormenta reciente en Veracruz dejó cientos de municipios de 5 estados diferentes bajo el agua y activó viejas inquietudes sobre los mecanismos para atender siniestros en México. Mientras voluntarios y autoridades trabajan en la zona afectada, el debate gira en torno a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El Fonden fue implementado en 1996 como parte del presupuesto federal y comenzó operaciones formales en 1999. Su naturaleza era la de un instrumento financiero público orientado a ayudar a las comunidades y gobiernos locales cuando un desastre superaba la capacidad de las autoridades estatales o federales. Las reglas de operación se diseñaron para garantizar la colaboración entre distintos niveles de gobierno siempre que las circunstancias lo exigieran.
La activación del Fonden requería una declaratoria de emergencia o desastre, emitida por la Secretaría de Gobernación a petición estatal o federal, esto abría el acceso a los recursos. La atención priorizaba la reconstrucción de viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales dañados por fenómenos como sismos, huracanes, inundaciones y otros eventos similares.
El catálogo de eventos contemplados por el Fonden incluía desastres de tipo geológico, hidrometeorológico e incendios forestales. La asignación de recursos era bajo estrictos controles respaldados en convenios y reglas generales previamente establecidas.
Sin embargo, el procedimiento del Fonden también era percibido, según la versión expuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum en rueda de prensa este 13 de octubre, como un sistema plagado de trámites burocráticos. La mandataria enfatizó que esta estructura ofrecía espacio para que se produjeran prácticas irregulares y desvíos de fondos en administraciones pasadas.
La eliminación del Fonden se efectuó de manera oficial el 28 de julio de 2021, cuando la Secretaría de Hacienda, por medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, abrogó las reglas generales y disposiciones legales del fideicomiso. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto su extinción alegando que los fideicomisos funcionaban como herramientas de corrupción en gobiernos anteriores.
Tras esta decisión, los apoyos para emergencias naturales comenzaron a provenir de partidas presupuestales directas, eliminando el fideicomiso. Actualmente, el gobierno federal determina la asignación de recursos para cada desastre en función de las necesidades y el presupuesto existente. Para situaciones extraordinarias, los fondos pueden redirigirse desde otras áreas del presupuesto nacional, detalló Sheinbaum.
El nuevo modelo conserva la obligatoriedad de declarar formalmente la emergencia para activar planes de ayuda como el DN-III o el Plan Marina, y habilita censos inmediatos para cuantificar daños e iniciar trabajos de reconstrucción.
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