
La Fiscalía General de la República (FGR) realizó este jueves el aseguramiento de las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según reportes de El Sol de Acapulco y otros medios locales, agentes federales, integrantes del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a los inmuebles, colocando sellos que refieren delitos de desaparición forzada y contra la salud, relacionados a la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020.
La acción encabezada por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) inició poco después del mediodía y contempló un amplio dispositivo de seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

Las diligencias se realizaron en total hermetismo, según Sur Acapulco.
¿Qué se sabe de las instalaciones aseguradas?
Las instalaciones aseguradas incluyen la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad Rancho del Cura, reconocida por contar con horno crematorio y por su vínculo con Rodolfo Rueda Mazón, empresario propietario también de la funeraria Rueda y concesionario del Semefo local.
El edificio de la funeraria El Ángel se encuentra a orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida a Chilpancingo, a 270 metros de la morgue.
En un primer momento, se difundió la versión de que el Semefo y la funeraria El Ángel compartían local. Más tarde se aclaró que funcionan en instalaciones distintas, aunque próximas una de la otra.

De acuerdo con los reportes, entre los lugares intervenidos habría otros inmuebles presuntamente relacionados con los mismos propietarios, actualmente bajo investigación federal, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.
En los accesos a los inmuebles se colocaron sellos con la leyenda: “Inmueble asegurado. Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Delito: Contra la Salud”.
Esta medida impide el acceso o la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes dentro de las instalaciones intervenidas.
¿Nueva línea de investigación?
El aseguramiento de estos espacios funerarios se da a 11 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida la madrugada del 26 de septiembre de 2014.
La FGR ahora estaría centrando parte de sus diligencias en el posible uso de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis señalada desde 2015 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que planteó de manera particular al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las acciones federales también ocurren a dos semanas de las protestas realizadas por familiares y estudiantes en Iguala en el aniversario de la desaparición de los normalistas.
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni ha revelado detalles acerca de los hallazgos en los inmuebles asegurados.
Cabe recordar que la llamada “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República, entonces dirigida por Jesús Murillo Karam, sostuvo en 2015 que los estudiantes habrían sido asesinados, quemados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, y sus restos arrojados al río San Juan.
En paralelo a la investigación, la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, dio a conocer este jueves que no existen avances en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal señalado por tortura en el caso Ayotzinapa.
El proceso de extradición sigue en revisión por autoridades jurídicas israelíes, desligado de cuestiones bilaterales o políticas.
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