
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, señalando a su líder armado y a una red de colaboradores, empresarios y funcionarios locales en la frontera con México.
La medida anunciada el 18 de septiembre de 2025 tras la visita del subsecretario John K. Hurley a la región, tiene como objetivo frenar el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción que afectan a ambos lados de la frontera, con especial atención a la estratégica localidad de Rosarito, en Baja California.
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Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a la facción Los Mayos, a su principal jefe armado, Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, y a una red de cinco personas y 15 empresas vinculadas a las operaciones del cártel.
Las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14059, que combate la proliferación internacional de drogas ilícitas, y la Orden Ejecutiva 13224, orientada contra el terrorismo y sus apoyos. Además, la medida incluye al líder de una banda afiliada dedicada a la producción de fentanilo en Sinaloa.
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Según el documento, la facción Los Mayos, integrada por allegados a Ismael El Mayo Zambada García, mantiene una presencia dominante en Baja California, Sonora y Zacatecas.
Rivaliza con Los Chapitos, la otra gran facción del Cártel de Sinaloa quien formó una lianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una disputa que ha dejado más de mil muertos solo en Sinaloa.
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Los Mayos controlan rutas clave para el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El Ruso, identificado en una acusación formal de 2015 como líder de una flota de sicarios responsables de secuestros, torturas y asesinatos en apoyo al cártel, consolidó su dominio en Baja California, fortaleciendo la capacidad de Los Mayos para introducir drogas en territorio estadounidense.
En hechos recientes, el Departamento de Estado ofreció hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura y condena.

Red de apoyo y lavado de dinero en Rosarito, un negocio empresarial millonario
En Rosarito, la red de apoyo de Los Mayos involucra a empresarios, funcionarios y exfuncionarios municipales.
René y Alfonso Arzate García, conocidos como los hermanos Arzate, ejercen control sobre la zona a través de aliados como Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez.
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Estos a su vez, colaboran con Jesús González Lomelí, un empresario local propietario de bares y restaurantes como Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, entre otros negocios en México.
Además, las fuentes federales apuntan que González utilizó sus empresas para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico, beneficiando a los hermanos Arzate y a otros altos mandos del cártel, incluido El Ruso.
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La influencia de Los Mayos en Rosarito se extiende al ámbito político, pues, los hermanos Arzate cuentan con el respaldo de González y de Candelario Arcega Aguirre, un operador político con estrechos vínculos con la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo.

Durante la gestión de Brown, González y Arcega actuaron como intermediarios entre la alcaldesa y los Arzate, facilitando pagos de extorsión y asegurando la protección de las actividades ilícitas del cártel por parte del Departamento de Seguridad Pública local.
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Como parte de las sanciones, la OFAC incluyó a González, Arcega, Brown y los hermanos Herrera, así como a 14 empresas de González y una empresa de transporte de Arcega, todas señaladas por su papel en el lavado de dinero y la protección de las operaciones criminales.
Sanciones a la banda “Los Rugrats” y alcance legal, qué medidas preventivas tomó EEUU
La acción del Tesoro también alcanzó a la banda Los Rugrats, liderada por Carlos Alberto Páez Pereda, alias Carlitos, en Laguna Colorada, Sinaloa.
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Páez, productor de fentanilo y uno de los principales narcotraficantes de Culiacán, fueron vinculados a asesinatos de miembros de cárteles rivales por órdenes de René Arzate. Su inclusión en la lista de sancionados responde a su papel como ejecutor de la violencia y la producción de drogas sintéticas para el Cártel de Sinaloa.

Las sanciones impuestas bloquean todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses.
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Además, cualquier entidad que pertenezca en un 50% o más a personas sancionadas queda igualmente bloqueada. Asimismo, las regulaciones de la OFAC prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa.
El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles o penales tanto para estadounidenses como para extranjeros, y las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con los sancionados se exponen a sanciones secundarias, incluyendo restricciones para operar cuentas en Estados Unidos.
Las sanciones recientes se suman a las impuestas en 2021 y 2025 contra el cártel y sus facciones, en un esfuerzo coordinado con la DEA, el FBI y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, afirmó el subsecretario John Hurley, quien enfatizó la prioridad de la administración estadounidense en combatir estas amenazas.
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