Sheinbaum buscará nueva reforma constitucional para “pensiones justas” a trabajadores: “Será en este periodo”

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el tema de las pensiones otorgadas a funcionarios de confianza de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Esta última fue cerrada en 2009 mediante un decreto emitido por el entonces presidente Felipe Calderón.

La pregunta surgió en el contexto de las desigualdades en el sistema de pensiones, ya que, según denunció la periodista que formuló el cuestionamiento, algunos exfuncionarios de confianza reciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, mientras que numerosos trabajadores no obtuvieron ninguna compensación tras el cierre de la empresa.

La desigualdad de pensiones

“La liquidación de Luz y Fuerza del Centro fue hecha de una manera injusta y autoritaria”, declaró la presidenta. Y añadió: “Llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que les seguimos pagando un millón de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no recibieron nada”.

En ese sentido, Sheinbaum anunció que su gobierno trabaja en una reforma constitucional orientada a corregir estas desigualdades: “Se están analizando todos los derechos laborales... una reforma constitucional que ponga un límite a este abuso”, dijo.

La mandataria también cuestionó los montos que algunos exfuncionarios reciben mensualmente: “¿Cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, algunos pocos años en Pemex, y recibe 400 mil pesos mensuales, o cómo es que los de Luz y Fuerza reciben 1 millón?”, planteó.

Y concluyó: “Esos recursos tienen que ir a la gente... que se reduzcan pensiones justas. Va a haber una reforma constitucional y se va a presentar en este periodo”.

“Darles justicia a las personas que se lo merecen”

Sheinbaum también hizo referencia al convenio que firmó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para sumar a mil 350 extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) al Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social.

La medida, impulsada por el Gobierno de la Cuarta Transformación a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), tuvo como objetivo reparar los daños provocados por la extinción de LyFC en 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón.

El acuerdo consideró criterios como las semanas cotizadas ante el IMSS y benefició a quienes entregaron su inscripción al sistema antes del 26 de febrero de 2023.

El entonces director general del INDEP, Alberto Becerra Mendoza, señaló durante la firma del convenio que este acto representaba “darles justicia a las personas que se lo merecen”.

El Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social contaba con un padrón de 7 mil 233 extrabajadores, y su implementación implicaba una inversión mensual de 150 millones de pesos, lo que equivalía a mil 835 millones de pesos anuales, en cumplimiento con el decreto presidencial del 25 de agosto de 2022.