
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la extorsión es el delito que más le “preocupa y ocupa” a su gobierno; sin embargo, afirmó que el aumento de casos registrados se debe a un incremento en la denuncia y no a la incidencia del crimen.
Extorsión mantiene niveles elevados pese a registro de celulares, acusa estudio
El registro obligatorio de líneas celulares avanza como una medida para combatir la extorsión y el fraude, pero especialistas advierten que su alcance es limitado frente a las tácticas de las redes criminales.
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El esquema obliga a vincular cada número con la CURP y una identificación oficial, con el objetivo de identificar a los titulares de las líneas. Aun así, esa identificación no permite establecer con certeza quién realiza una llamada.
SILIKN reporta un aumento de hasta 90% en intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica durante 2026. El dato corresponde al monitoreo de su unidad de investigación y no a una estadística nacional.
La empresa señala que los delincuentes pueden recurrir a telefonía por internet, marcadores automatizados, suplantación de identificador de llamadas, identidades robadas y prestanombres para evadir los controles.
También alerta que el propio proceso de registro se convierte en un recurso para engañar. Presuntos representantes de telefónicas o autoridades contactan a usuarios con la amenaza de suspender sus líneas y solicitan datos personales, códigos de verificación o claves enviadas por SMS.
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Además, la concentración de CURP, identificaciones y números telefónicos plantea riesgos de filtraciones, robo de identidad y venta ilegal de bases de datos.
La extorsión mantiene niveles altos en el país. México Evalúa calcula que entre enero y septiembre de 2026 hubo 65% más víctimas por habitante que en el mismo periodo de 2015. La ENVIPE 2026 estima que en 2025 ocurrieron 6,831 extorsiones por cada 100,000 habitantes y que 97.5% permaneció sin denuncia.
Las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte concentraron 85% de las víctimas registradas en los primeros nueve meses de 2026. México Evalúa plantea reforzar la denuncia segura, integrar datos del 089, las carpetas de investigación y la información financiera, además de perseguir las redes y sus recursos. La estrategia nacional ha evitado pagos en numerosos casos, pero carece de presupuesto propio y metas claras para medir una reducción sostenida del delito.
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