
El incremento de desapariciones vinculadas al reclutamiento forzado por grupos criminales en terminales de autobuses, diputados de dos bancadas han impulsado una propuesta legislativa que busca transformar los controles de seguridad en estos recintos.
La iniciativa, presentada por Claudia Salas de Movimiento Ciudadano y Alfonso Ramírez Cuéllar de Morena en la Cámara de Diputados, plantea la creación de un registro nacional de pasajeros y la implementación de medidas tecnológicas para frenar la captación ilícita de personas en estos espacios.
La propuesta legislativa contempla la adición de un artículo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y modificaciones a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El objetivo es que los boletos emitidos en las 976 terminales de autotransporte federal del país, donde operan 4.242 empresas y 71.562 vehículos, incluyan el nombre del pasajero y que, al momento de la compra, se verifique la identidad mediante credencial del INE, pasaporte o documento equivalente.
Además, se requeriría una segunda verificación al abordar, asegurando la correspondencia entre boleto e identificación.se espera sea aprobado en los próximos días primero en la Comisión de Movilidad y luego en el pleno de la Cámara de Diputados, obligaría a los permisionarios a cumplir con estas medidas, estableciendo sanciones para quienes no lo hagan.

La aprobación de la reforma daría paso a la elaboración de un reglamento específico para su implementación. Uno de los propósitos centrales es homologar los criterios de seguridad en las centrales camioneras con los estándares que ya rigen en los aeropuertos. Esto permitiría controlar las paradas no autorizadas, promover revisiones aleatorias y establecer protocolos de seguridad tanto para las autoridades públicas como para las empresas privadas que prestan el servicio.
En la exposición de motivos, los legisladores advierten que, aunque en México se ha logrado una reducción de los delitos de alto impacto, han surgido nuevos riesgos para los sectores más vulnerables, especialmente por la falta de oportunidades laborales que obliga a muchas personas a migrar.
Además, mencionan la necesidad visibilizar que hay cerca de 6,117 personas extranjeras que han desaparecido o no han sido localizadas. Y un poco más de 20,165 han desaparecido o no han sido localizadas, sin establecer una correlación con su nacionalidad.
“Nuestro país ha experimentado una transformación que ha reducido los delitos de alto impacto; sin embargo, han surgido nuevos factores que ponen en riesgo a los sectores más vulnerables de la población. Uno de ellos es la falta de oportunidades laborales, que obliga a muchas personas a migrar en busca de mejores condiciones de vida”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa revelada por el periódico Excelsior.
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