El general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez, quien fungió como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, fue detenido en Colima por presuntos delitos de abuso y violencia sexual contra mujeres subordinadas durante su mando.
Con ello, se convirtió en el primer alto mando del Ejército mexicano procesado judicialmente por estos cargos, aunque su aprehensión no estaría directamente ligada a redes criminales o al grupo conocido como “La Barredora”, señalada como principal generadora de violencia de la entidad.
Sin embargo, el nombre del general Hugo Chávez ya había cobrado notoriedad desde abril de 2024, cuando al menos tres mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lo señalaron públicamente. En las narcomantas se le acusaba de traición y se advertía que había “roto el pacto”, en aparente referencia a acuerdos previos entre autoridades y estructuras delictivas.
10 millones por la plaza
La mañana del martes 9 de abril, un mensaje de advertencia fue hallado en el parque de Tierra Colorada, justo frente a una caseta de la policía municipal. La cartulina, escrita con marcador rojo, contenía una amenaza directa al entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco, a quien acusaban de haber recibido un pago millonario por el territorio criminal.
“Secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Chávez Martínez, te dimos 10 millones x la plaza. Sabes kienes somos, livera a la gente o kieres un cagadero (sic)”, se leía textualmente en el mensaje, cuya fotografía circuló rápidamente en redes sociales. A diferencia de otros narcomensajes que aparecieron en la entidad ese mes, este no incluía firma alguna que confirmara su autoría.
Ese mismo día, otra manta apareció en Jalpa de Méndez, en la que además de Chávez Martínez, se mencionaban a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), a quienes se acusaba de haber incumplido un supuesto acuerdo con el CJNG, organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.
“Para eso se te paga Secretaría de Seguridad Pública estatal. Rompieron el pacto estatal, Sedena, GN, les vamos a partir en su madr*. Toda esa gente que agarraron y mataron se les cobrará intereses. ATTE. CJNG”, señalaba el texto.
Un tercer mensaje fue localizado en el puente La Esmeralda, en el malecón de Villahermosa. Este contenía la misma advertencia que la encontrada en Tierra Colorada, aunque en esta ocasión se añadió el dibujo de una calavera en la parte inferior, también sin firma.
La coincidencia en los textos, así como el contexto violento de los días previos, apuntaron a que estas amenazas estarían relacionadas con un operativo realizado el sábado 6 de abril en la comunidad de Dos Montes, donde fuerzas estatales y federales habrían detenido a 18 presuntos miembros del CJNG y abatido a otros tres.
La designación del general Víctor Hugo Chávez Martínez como secretario de Seguridad Pública de Tabasco se concretó en enero de 2024, luego de la renuncia de Hernán Bermúdez Requena.
El relevo se produjo en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el estado, donde diversas células delictivas, entre ellas el CJNG, Los Zetas y La Barredora, disputaban de manera abierta el control del territorio y sus rentas ilícitas.
Estas organizaciones criminales fueron señaladas por su participación en múltiples delitos, entre ellos el tráfico de drogas, narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y robo de hidrocarburos.
El contexto de confrontación y las acusaciones sobre supuestos pactos entre autoridades y cárteles contribuyeron a que la gestión del general Chávez Martínez estuviera rodeada de polémica desde su inicio.
Actualmente, Chávez Martínez enfrenta un proceso legal por acusaciones de acoso y violencia sexual presentadas por una integrante de la Guardia Nacional bajo su mando. A raíz de la denuncia, fue removido de su cargo en Colima el 1 de junio y siete días después se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.
Desde entonces, permanece a disposición de un Juzgado Militar en Zapopan, Jalisco. Según informó Aristegui Noticias, la víctima fue reubicada en otra entidad bajo estrictas medidas de seguridad y el juez militar otorgó a la Fiscalía General de Justicia Militar un plazo de tres meses para cerrar la investigación, aunque el término podría extenderse conforme se desarrolle el caso.
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