
El Cabildo del Ayuntamiento de Ensenada aprobó el pago de 13.5 millones de pesos a LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V., empresa ligada a Luis Montaño García, colaborador durante la precampaña de Adán Augusto López.
El pago corresponde a servicios de recolección de basura prestados durante el primer semestre de 2025.
La decisión fue respaldada por mayoría en una sesión celebrada el 15 de julio, impulsada por la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, quien también emitió su voto a favor.
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La Sindicatura Municipal, encabezada por Eli Oviedo, advirtió que la supuesta deuda carece de sustento legal.

Tanto el contrato vigente como los procedimientos jurídicos que justificarían el pago no han sido presentados ante la sindicatura.
La Tesorería Municipal confirmó la inexistencia de pagos procesados durante el periodo mencionado, lo que implica, según autoridades municipales, que jurídicamente no existe una obligación actual con la empresa.
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Los vínculos de LUMO Financiera con figuras políticas del movimiento encabezado por Adán Augusto López se acentúan a través de antecedentes recientes.
¿Quiénes están involucrados?
El exalcalde Armando Ayala Robles, hoy senador, fue quien contrató los servicios para el arrendamiento de al menos 18 camiones recolectores de basura, vehículos que portaban la imagen de su administración.
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Durante el tiempo bajo revisión, los vehículos continuaron operando sin que mediara un contrato renovado, licitación pública o dictamen del comité de adquisiciones, requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
A pesar de las irregularidades señaladas, el cabildo validó el pago a LUMO Financiera, empresa que opera como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) y que ha mantenido contratos similares con otros municipios del país.
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La Ley Orgánica de los Municipios establece como delitos penales el aprobar pagos sin contratos ni licitaciones, incluyendo peculado, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
El caso llegó al ámbito federal cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el pago y sobre la renta de camiones recolectores.
Sheinbaum afirmó que serán las instancias federales competentes, como la Secretaría Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación, las que iniciarán las investigaciones correspondientes para aclarar el manejo de recursos públicos.
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Actualmente, la Sindicatura Municipal mantiene abierta una carpeta de investigación por posibles responsabilidades administrativas y penales. Los funcionarios involucrados, entre ellos el Oficial Mayor Eleazar López Quihuis, el tesorero Víctor González Verduzco, la directora de Servicios Públicos Carolina Rivas y los regidores que votaron a favor del pago, podrían enfrentar sanciones como suspensión, destitución, inhabilitación temporal y multas económicas, además de procesos penales.
En paralelo, el Comité de Adquisiciones de Ensenada analizó nuevas propuestas para la recolección de residuos y adjudicó nuevamente el contrato a LUMO Financiera por 13.7 millones de pesos para el periodo comprendido hasta diciembre de 2025.
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El caso pone bajo escrutinio el manejo de recursos públicos y las prácticas administrativas en el Ayuntamiento de Ensenada, mientras la Sindicatura evalúa si existieron faltas graves y si los funcionarios deben ser sancionados sin que ninguno de los implicados cuente con fuero.
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