“El Mayo” sigue bajo custodia del BOP, a un año de su captura: ¿Qué se sabe del juicio de Ismael Zambada en EEUU?

Ismael “El Mayo” Zambada cumplió ya un año encarcelado en territorio estadounidense, tras ser capturado el 25 julio de 2024 al arribar a un aeropuerto privado cercano a El Paso, Texas. Desde entonces, permanece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) sin sentencia firme, generando incertidumbre sobre su futuro legal.

Con 77 años de edad, Zambada es considerado uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa y figura clave en el narcotráfico internacional desde hace más de cinco décadas. Durante años fue el fugitivo más buscado por agencias de seguridad en México y EEUU, pero su estrategia de bajo perfil y discreción le permitió evadir la detención por largo tiempo.

Sus historia criminal se remontan a los años setenta, cuando se integró al Cártel de Guadalajara, liderado por el entonces “Jefe de Jefes” Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, más tarde colaboró con el Cártel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, antes de consolidar su influencia en Sinaloa.

El juicio contra “El Señor del Sombrero”

De acuerdo con su numero de registro 27102-511, “El Mayo” Zambada permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde enfrenta 17 acusaciones por delitos como tráfico internacional de estupefacientes, lavado de activos, crimen organizado, posesión de armamento prohibido y homicidios vinculados al narcotráfico.

En septiembre de 2024, durante su primera comparecencia ante la Corte Federal de Brooklyn, el histórico narcotraficante se declaró no culpable.

Entre las razones de este prolongado estancamiento destacan las negociaciones activas entre fiscales estadounidenses y la defensa del capo, orientadas a alcanzar un acuerdo de culpabilidad que le evite un juicio con riesgo de pena capital.

El juez Brian Cogan, quien previamente sentenció a Joaquín “El Chapo” Guzmán, ordenó a ambas partes continuar las conversaciones, otorgando nuevos plazos para reportar avances al tribunal.

La defensa manifestó que su principal objetivo es impedir la pena de muerte, aceptando que Zambada podría pasar sus días tras las rejas. A esto se suma un conflicto de intereses, ya que su abogado también representa a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, quien colabora como testigo colaborador de la fiscalía.

El entorno de su arresto sigue siendo objeto de controversia, su equipo legal sostiene que fue entregado por Los Chapitos, en especial por Joaquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”, mientras que las autoridades estadounidenses insisten en que su aprehensión fue producto de un acuerdo previo de cooperación.

Por otro lado, el gobierno mexicano solicitó su retorno al país para enfrentar tres órdenes de aprehensión vigentes, alegando irregularidades en su arresto y exigiendo garantías de que no se le impondrá la pena capital.

La mañana del 24 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió al territorio estadounidense la entrega de un informe detallado por la detención de Zambada.

“Seguimos insistiendo, depende del Gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo”, dijo la mandataria.

El Departamento de Justicia considera a Zambada como uno de los capos más influyentes a nivel mundial, y su captura ha generado tensiones internas en el Cártel de Sinaloa, así como roces diplomáticos entre México y EEUU.

Las negociaciones entre la defensa y la fiscalía para evitar un juicio continúan en curso, mientras el proceso judicial sigue avanzando. La próxima audiencia está programada para el 25 de agosto ante el juez Brian Cogan, quien hasta ahora no se ha proclamado ningún acuerdo, por lo que el futuro legal del veterano capo permanece incierto, aunque bajo estricta supervisión de las autoridades estadounidenses.

Desde su captura, la ausencia del líder criminal profundizó la disputa interna dentro del Cártel de Sinaloa, desatando una violenta guerra entre la facción de su presunto heredero y el grupo de Los Chapitos.

Este conflicto contabiliza más de mil quinientas víctimas mortales y ha sumido al estado en una crisis económica severa, cuyos efectos podrían extenderse por años, según los analistas. La lucha por el control territorial y las rutas de tráfico ha incrementado la inestabilidad en la región, agravando la situación de seguridad y afectando a múltiples sectores productivos.