
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aclaró que el fiscal designado en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA), Rosendo Gómez Piedra, “decidió renunciar al cargo” después de, según ella, “concluir un periodo” al frente de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
Estas aclaraciones de la titular del Ejecutivo Federal devienen después de que se diera a conocer que el fiscal Alejandro Gertz Manero habría tomado la decisión el pasado 15 de abril de 2025. Al respecto, dijo lo siguiente:
“Él renunció. Él (Rosendo Gómez) decidió renunciar y, por lo pronto, está el licenciado (Mauricio) Pasarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía (especial para el caso Ayotzinapa) hace algunos meses”, explicó Sheinbaum.

De igual manera, resaltó que Pasarán, antiguo funcionario en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de Ernestina Godoy, ha mantenido conversaciones con las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en dos ocasiones, por lo que asumió la responsabilidad de este llamado “crimen de Estado” en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Familiares del caso Ayotzinapa ya habían pedido la destitución del fiscal Gómez Piedra: Sheinbaum
En otra intervención durante “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria mexicana también precisó que, desde sus últimas reuniones ya como presidenta de México con padres y madres de las víctimas de Ayotzinapa, se había planteado que Gómez Piedra fuera destituido:
“Ellos (los familiares), incluso, ya habían pedido que el fiscal no permaneciera, y fue una decisión de él (...). Tomo la decisión de retirarse”, volvió a insistir.

Los malos manejos de Rosendo Gómez: denuncias de nepotismo, derroches y explotación laboral en la UELICA
La crisis dentro de la UELICA tuvo lo que podría llamarse como un “punto de quiebre” el pasado 28 de abril de 2025. Esto cuando integrantes de la propia unidad denunciaron ante la FGR a Gómez Piedra. En ese entonces, lo acusaron formalmente de corrupción, mal uso de recursos públicos y explotación laboral, situaciones que aumentaron la indignación y la frustración de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”.
La denuncia, presentada bajo seudónimo, señala que Gómez Piedra desvió fondos, extorsionó a empleados y contrató personal sin experiencia ni perfil para el caso. Algunos trabajadores aseguraron igualmente que, bajo amenazas, les obligó a comprar productos ofrecidos por allegados suyos y a entregar parte de sus bonos.

Así mismo, se afirmaba que convirtió las instalaciones oficiales en un espacio para recibir clases de baile y que pidió a algunos recién contratados que entregaran su primer salario.
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