La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, vinculó públicamente el fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México con prácticas inmobiliarias presuntamente irregulares en alcaldías gobernadas por la oposición.
Sin embargo, datos disponibles muestran que tanto ella como su hermana, la actual fiscal de justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, residen en un edificio ubicado en la colonia Roma, zona que ha sido señalada por organizaciones y académicos como una de las más afectadas por este proceso de transformación urbana.
Durante una declaración reciente, en el contexto de la marcha realizada el 4 de julio contra la gentrificación, la dirigente morenista señaló que este fenómeno está relacionado con el crecimiento inmobiliario irregular en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Atribuyó parte de esta situación a lo que llamó “cártel inmobiliario”, una red de presuntas prácticas corruptas relacionadas con construcciones fuera de norma, principalmente en administraciones encabezadas por el PAN.
“Esta problemática está vinculada muchas veces a los desarrollos inmobiliarios que se hicieron de forma muy corrupta, sin lineamientos, con moches y que nosotros hemos evidenciado y llamado cártel inmobiliario”, declaró.
La propiedad
De acuerdo con registros públicos y reportes periodísticos, en 2016 Luisa María Alcalde adquirió una casa de dos plantas en la colonia Roma Sur por un monto de 4.2 millones de pesos. El inmueble fue posteriormente demolido para construir un edificio de cuatro niveles, el cual fue concluido en 2020, durante la administración del entonces alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, perteneciente a Morena.
El nuevo edificio cuenta, según documentación oficial, con al menos un ‘roof garden’, área de descanso, jacuzzi y asadores. El uso de suelo autorizado en esa zona permitía únicamente tres niveles, de acuerdo con las normas urbanísticas del polígono. No obstante, el inmueble se edificó con cuatro plantas, y según un reporte publicado por Latinus en febrero de 2024, no se presentó el aviso de terminación de obra ni el trámite correspondiente para la obtención del uso y ocupación, lo que impide legalmente su habitabilidad.
En su declaración patrimonial de 2019, Luisa María reportó la propiedad de un tercio del inmueble, adquirido mediante una donación de sus padres por un monto de 1.7 millones de pesos. Por su parte, Bertha Alcalde informó en su declaración patrimonial —presentada al asumir como fiscal general de justicia de la Ciudad de México— que en agosto de 2016 compró un departamento de 134 metros cuadrados. Esa fecha coincide con la inscripción del predio en el Registro Público de la Propiedad.
La construcción se llevó a cabo antes de que existiera constancia de cambio de uso de suelo o de autorizaciones adicionales para la ampliación vertical del inmueble. A la fecha de la investigación citada, no se habían registrado sanciones o clausuras por parte de la autoridad correspondiente.
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