
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte emitió una petición junto con más de 200 organizaciones civiles para exigir que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realice una investigación exhaustiva en el crematorio ‘Plenitud’, ubicado en Ciudad Juárez, donde la semana pasada se hallaron 383 cuerpos sin incinerar.
En el documento, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por el hallazgo de los cuerpos en el crematorio, a pesar de que este aparentemente cuenta con permisos para operar.
En el mismo escrito, los colectivos se solidarizaron con las familias de las personas fallecidas que fueron halladas en el lugar, ante “la incertidumbre de no saber si sus seres queridos fueron debidamente cremados y si las cenizas que recibieron corresponden realmente a quienes despidieron”.
“Extendemos un abrazo fraterno a quienes, tras haber vivido un duelo, enfrentan ahora la posibilidad de transitarlo nuevamente”, se lee.
Por ello, exigieron que la Fiscalía General estatal llevar a cabo “un proceso exhaustivo, científico y transparente de identificación forense”, que no deje dudas sobre la identidad de cada una de las 383 personas localizadas.
“Este proceso debe ir más allá de la documentación hallada junto a los cuerpos”, aseveró.
Asimismo, exhortó que la disposición final de los restos se realice únicamente con el conocimiento y consentimiento informado de las familias, garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de quienes han fallecido.
Las organizaciones también expresaron su profunda preocupación de que, pese a la magnitud del caso, el fiscal general del estado haya declarado que “difícilmente” entre los cuerpos podrían encontrarse personas desaparecidas.
Por ello, demandaron que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y que se garantice el derecho a la verdad para las familias que buscan a sus seres queridos, señalando que actualmente en el estado hay una crisis forense y miles de personas no localizadas.
Entre sus peticiones agregaron que se deslinden responsabilidades sobre las irregularidades en la operación del crematorio, como los permisos otorgados, la supervisión sanitaria y las posibles violaciones a leyes en materia de salud y disposición de restos humanos.
De igual forma, pidieron que las personas detenidas sean procesadas conforme a derecho y con perspectiva de derechos humanos.
Los colectivos hicieron un llamado a garantizar que los crematorios operen bajo estrictas normas sanitarias, legales y éticas, pues enfatizaron que de lo contrario, se “abre la puerta a que este tipo de espacios se conviertan en posibles instrumentos para la desaparición de personas.
“Igualmente se solicita revisión exhaustiva de los convenios que tiene el gobierno del estado con esas funerarias y dan apoyo ciudadano vía la CEAVE y la secretaría de desarrollo humano y bien común”, añadieron.
Finalmente, reiteraron su exhorto a que este caso “sea atendido con la seriedad, humanidad y responsabilidad que merece”.
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