Mauricio Estrada, ex consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), fue detenido este sábado en Mérida por el delito de desaparición forzada cometida en agravio de particulares, tras negarse a devolver a su hija Lucía, de 6 años, a su madre Erika Torres.
La detención de Estrada ocurrió en el fraccionamiento Gran Santa Fe de Mérida, durante las primeras horas del sábado, como resultado de un operativo coordinado por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
La orden de cateo fue emitida por un juez primero de control, luego de que el caso adquiriera notoriedad en redes sociales durante la última semana.
Detalles del operativo
A pesar de que el ex funcionario había asegurado a las autoridades que la menor se encontraba bajo su cuidado, la niña no estaba presente en el domicilio al momento de la detención, lo que ha intensificado la preocupación por su paradero.
La investigación judicial revela que el conflicto por la custodia de Lucía se remonta al juicio de jurisdicción voluntaria relativo a un convenio de alimentos y de guarda y custodia, registrado bajo el número 125/2019 en el juzgado segundo de oralidad familiar.
En este proceso, Erika Torres, madre de la menor, obtuvo la guarda y custodia legal de su hija. Sin embargo, Mauricio Estrada mantenía a la niña bajo su resguardo físico, desafiando la resolución judicial.
Tras la negativa de la suspensión definitiva del amparo que interpuso contra los actos del juez familiar, las autoridades ordenaron la restitución inmediata de la menor a su madre.
El operativo de detención se llevó a cabo después de que la situación se viralizara en redes sociales, generando una ola de indignación y presión social para la pronta localización de la menor. La intervención de la PEI y la FGE incluyó la ejecución de una orden de cateo en el domicilio de Mauricio Estrada, donde se esperaba encontrar a Lucía.
Sin embargo, la ausencia de la niña en el lugar ha generado nuevas interrogantes y ha motivado la continuación de los trabajos de búsqueda por parte de las autoridades estatales.
Durante la audiencia inicial, Estrada fue puesto a disposición de un juzgado de control, donde deberá responder por los hechos que se le imputan. La acusación formal es por desaparición forzada de particulares agravada, un delito que en México puede acarrear severas penas privativas de libertad.
La gravedad del caso radica en que, pese a la detención del ex funcionario, el paradero de Lucía sigue siendo desconocido, lo que mantiene en vilo a la familia y a la sociedad yucateca.
El caso ha puesto en el centro del debate la actuación de las autoridades judiciales y de seguridad en Yucatán, así como la eficacia de los mecanismos de protección a la infancia en situaciones de conflicto familiar.
La viralización del caso en redes sociales ha contribuido a visibilizar la problemática de la sustracción de la menor y la importancia de la intervención oportuna de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de los niños y niñas.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), de la que Mauricio Estrada fue consejero, no ha emitido hasta el momento un posicionamiento público sobre la detención de su ex integrante ni sobre las acciones emprendidas para la localización de la menor.
Estas acciones se originaron luego de que el ex funcionario faltara a múltiples resoluciones judiciales que previamente se le habían impuesto.
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