Podólogos graduados enfrentan negligencia del gobierno de Nayarit: sin título ni solución

Estudiantes egresados de la Escuela Técnica Profesional en Podología de Nayarit viven desde hace varios años un auténtico limbo burocrático que les impide recibir su título profesional, aún cuando ya cumplieron con todos los requisitos académicos y administrativos.

A través de movilizaciones, cartas, reuniones con autoridades y testimonios, los afectados han evidenciado la indiferencia institucional del gobierno de Nayarit encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero.

Apatía gubernamental

Los afectados, provenientes de más de 19 estados del país, acudieron a Palacio Nacional y a la Secretaría de Gobernación en busca de apoyo federal tras agotar instancias estatales, y aunque fueron recibidos por representantes de distintas dependencias, como la Dirección de Atención Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública y la SEGOB, el conflicto persiste por la falta de voluntad política y coordinación entre autoridades.

En entrevista con INFOBAE México, su representante legal, Alicia Álvarez Macias, directora de 8 11 Abogados, indicó que tras varios días de protesta a las afueras de Palacio Nacional en la Ciudad de México, se conformaron mesas de trabajo en las que participaron funcionarios como Emeterio Carlón Acosta, director de la región Occidente de la SEGOB, así como representantes del área jurídica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), y REVOICE.

Y pese a que se entregaron más de 30 pruebas -contundentes- que demuestran que los exalumnos cumplieron con cada uno de los requisitos académicos, el proceso continúa estancado por una cadena de omisiones y evasivas oficiales.

Eludir responsabilidades

Uno de los principales obstáculos ha sido la negativa de la Secretaría de Salud de Nayarit, que ha señalado no ser la autoridad competente para validar los procesos de titulación ni para emitir convenios que permitan a los alumnos realizar su servicio social, bajo el argumento de que los egresados no prestaron su servicio con ellos, razón que les impide intervenir. Sin embargo, es preciso decir que el servicio social es una actividad obligatoria y formativa en beneficio de la sociedad y no está sujeta a condiciones de territorialidad.

El conflicto ha evidenciado vacíos legales y administrativos en la supervisión de escuelas particulares, como la mencionada institución de Podología, y la falta de responsabilidad del gobierno estatal en garantizar el derecho a la educación profesional. Incluso, la directora jurídica de la Secretaría de Educación nayarita habría admitido “que no eran competentes para opinar o validar los títulos”, lo que refuerza la denuncia de los agraviados sobre una negligencia institucional deliberada.

Los egresados acusan directamente al gobernador Navarro Quintero de utilizar su cargo para encubrir la ineficiencia del sistema educativo y de ignorar sus responsabilidades ante decenas de jóvenes que confiaron en el estado de Nayarit para formarse profesionalmente. “No pedimos que nos regale nada, solo que tenga el valor de escucharnos y resolver conforme a derecho”, reclamó uno de los podólogos.

Mientras las autoridades intercambian oficios -se echan la bolita- sin asumir responsabilidades, el futuro laboral de los perjudicados permanece suspendido, ya que la falta de un título profesional les impide acceder a empleos formales, continuar con estudios de posgrado o capacitación, truncando el desarrollo de una generación de técnicos en salud que eligieron servir a la población mexicana.

La omisión de las autoridades no solo vulnera sus derechos individuales, sino que también representa un obstáculo para la profesionalización del sector podológico en el país.