Después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a las mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero relacionado al tráfico de drogas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que ya solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas.
La SHCP señaló que en el marco de la cooperación con EEUU, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones.
La dependencia mexicana aclaró que de contar con información contundente para probar actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, “actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció etse miércoles algunas medidas contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, prohibiendo las transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
Las autoridades norteamericanas considera a estas instituciones financieras como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, principalmente el fentanilo.
Por qué acusan a estas instituciones financieras mexicanas de lavado
Hacienda explicó en un comunicado que el comercio anual que alcanza los 139 mil millones de dólares entre México y China ha generado un considerable flujo de transacciones electrónicas a través de diversas instituciones financieras.
Entre estas operaciones, más de 300 empresas mexicanas han establecido relaciones económicas con compañías chinas legalmente constituidas, utilizando para ello los servicios de diez bancos nacionales.
Aunque este intercambio parece formar parte de las dinámicas habituales del comercio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió intervenir para examinar posibles irregularidades.
Según Hacienda, el resultado de estas revisiones no ha revelado ilícitos mayores, pero sí problemas administrativos que derivaron en sanciones.
Las multas impuestas, de acuerdo con la normatividad vigente, ascienden en conjunto a 134 millones de pesos, según informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Estas acciones, aunque significativas, no han sido vinculadas hasta el momento con actividades ilegales como el lavado de dinero.
A pesar de esto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró estar lista para actuar con todo el rigor de la ley si se presentaran pruebas definitivas de conductas ilícitas en las instituciones investigadas.
Hasta ahora, las únicas irregularidades detectadas se limitan a infracciones administrativas menores, apuntó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.
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