
Exmilitares colombianos, con experiencia en inteligencia y guerra irregular, colaboran con grupos del crimen organizado en México, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aportando conocimientos en la fabricación de explosivos, espionaje y contrainteligencia, informaron fuentes federales.
De acuerdo con las autoridades, estas personas entrenadas por el Ejército Nacional de Colombia han contribuido a que células criminales mexicanas implementen estrategias similares a las utilizadas en conflictos armados en América del Sur.
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Entre sus aportaciones destacan el uso táctico de drones para vigilar al Ejército mexicano, mediante aeronaves no tripuladas que sobrevuelan bases y batallones de infantería.
Los drones, con capacidad de vuelo de hasta 5 kilómetros de distancia y mil 500 metros de altitud, permiten a los grupos delictivos ubicar movimientos militares, lo que facilita la colocación de explosivos o emboscadas. Estas acciones forman parte de una especie de “guerra de guerrillas” entre cárteles y contra fuerzas del Estado.
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El uso de estas tecnologías, según expertos, se ha intensificado en años recientes debido a su eficacia en tareas de reconocimiento, vigilancia y ataque. En Colombia, estas tácticas ya son comunes, con drones armados empleados por disidencias de las FARC y otros grupos ilegales.

Pese a estas amenazas, el Ejército Mexicano mantiene capacidad operativa en tierra y aire, y continúa debilitando estructuras delictivas mediante operativos y detenciones clave.
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Crece la participación de exmilitares colombianos en el crimen organizado en México
La detención de 12 ciudadanos colombianos en Michoacán, entre ellos nueve exmilitares, ha puesto nuevamente bajo la lupa el fenómeno de mercenarios extranjeros al servicio del crimen organizado en México.
Las autoridades los vinculan con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con un ataque con mina antipersona que provocó la muerte de ocho soldados mexicanos.
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De acuerdo con testimonios recabados, los cárteles mexicanos buscan exsoldados con experiencia en combate, incluidos antiguos comandos y guerrilleros. A cambio, ofrecen sueldos que rondan los 2 mil dólares mensuales, pagos semanales en efectivo, y facilidades para viajar desde países como Ucrania o Polonia, donde algunos de estos exmilitares han participado en otros conflictos armados.
Expertos como Paloma Mendoza, académica del ITAM, advierten que esta tendencia tiene una influencia directa en el aumento del poder de fuego de los grupos criminales. La contratación de excombatientes extranjeros no es nueva: informes filtrados del Ejército Mexicano documentan la presencia de mercenarios colombianos en Michoacán desde al menos 2021, utilizados por Carteles Unidos en su enfrentamiento contra el CJNG.
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Los exmilitares colombianos son altamente valorados por su experiencia en combate contrainsurgente y entrenamiento especializado. Según Andrés Macías, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, el retiro temprano y los bajos ingresos de veteranos en Colombia los hacen vulnerables al reclutamiento por grupos armados ilegales, incluidos cárteles mexicanos.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha impulsado una legislación contra el mercenarismo, mientras que los propios implicados aseguran que la falta de apoyo estatal los empuja a buscar alternativas laborales, incluso en redes criminales.
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Los audios obtenidos por medios internacionales revelan cómo los cárteles mexicanos emplean a estos mercenarios no solo en combates directos, sino también en tareas de vigilancia, entrenamiento y ataques con drones o explosivos improvisados. La familiaridad de los cárteles con este tipo de personal refuerza la necesidad de incorporar el fenómeno en las políticas públicas de seguridad.
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