La colectiva Cereza y su coordinadora, Patricia Aracil, han sido señalados por organizaciones como difamatorios, emitidos por el subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, Zeín Jerónimo Gil.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) y la iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos, el funcionario hizo alusión a la presunta existencia de una acta administrativa contra Aracil.
No ofreció detales ni sustento claro, lo que ha sido interpretado por las organizaciones como un intento de desacreditar su labor.
Dicha acta, está presuntamente relacionada con hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5.
“La intención del subsecretario parece ser desacreditar el trabajo que la Colectiva Cereza realiza en favor de los derechos de las mujeres privadas a la libertad”, señalaron en un comunicado conjunto.
Las organizaciones subrayan que este tipo de señalamientos no sólo constituyen actos de difamación, sino que también colocan en riesgo la labor de defensa que realiza el colectivo.
El trabajo de acompañar
La Colectiva Cereza es reconocida en Chiapas y otras entidades del país por brindar acompañamiento jurídico, psicológico y emocional a mujeres en situación de reclusión.
También buscan impulsar acciones para mejorar sus condiciones de vida dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Patricia Aracil coordinadora de Colectiva Cereza, cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres en prisión y ha acompañado casos que, por su relevancia mediática, la han expuesto a actos de hostigamiento institucional.
Alto a la criminalización
Ante esta situación, la RNDHM y la IM-Defensoras exigieron al gobierno de Chiapas el cese inmediato de cualquier acto de difamación o criminalización en contra de la defensora y de las integrantes de la Colectiva Cereza.
Además, pidieron garantías para que puedan continuar su labor sin represalias ni riesgos para su seguridad.
“Instamos a las autoridades a abstenerse de utilizar vías administrativas o judiciales para intentar obstaculizar la labor de defensa de los derechos humanos que legítimamente ejerce Patricia Aracil”, puntualizaron.
Violencia contra personas defensoras de derechos humanos
De acuerdo con el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas (Obse) indica que la defensa de los derechos humanos implica riesgos significativos para quienes la realizan, “Esto se debe a que desafía el poder político, económico y social de diversos grupos y personas(...)”
El estado de Chiapas registra múltiples actos de violencia contra quienes ejercen esta labor, pues en lo que va del 2025, el Obse tiene el registro de 93 personas defensoras de Derechos Humanos que han sufrido agresiones en esta entidad.
El Obse registró 48 agresiones a personas y colectivos dedicados a la defensa de derechos, mientras 40 agresiones las han recibido personas que defienden el acceso a la justicia.
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