
Recientemente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el establecimiento de mesas de trabajo con los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados con el objetivo de revisar la propuesta de Ley de Seguridad e Inteligencia. Esta legislación contempla, entre otros elementos, la creación de una base de datos nacional centralizada, de carácter masivo y obligatoria para la población.
La iniciativa ha generado inquietud en diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG). De acuerdo con un comunicado conjunto, estas organizaciones advierten que la consolidación de una base de datos de esta naturaleza conlleva riesgos significativos para la protección de datos personales. Recordaron el caso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), cuya base fue vulnerada y posteriormente distribuida de manera ilegal.
Además de la creación de dicha base, la propuesta legal contempla la exigencia de datos biométricos como condición para acceder a servicios públicos y privados. Las organizaciones firmantes advierten que esta medida podría facilitar la implementación de mecanismos de vigilancia masiva, sin mecanismos efectivos de supervisión judicial.
Otro aspecto señalado es el acceso discrecional a la base de datos por parte de autoridades federales, estatales y municipales. Según las organizaciones, este acceso carecería de controles judiciales que prevengan posibles abusos. También ad

virtieron sobre los riesgos que esto representa en un contexto donde algunas autoridades mantienen vínculos con grupos delictivos, lo que podría poner en riesgo a la población si la información fuera utilizada indebidamente.
Piden incluir voces expertas
En el mismo comunicado, las organizaciones expresan su intención de participar de forma activa y significativa en las mesas de trabajo anunciadas. Consideran que el proceso de discusión legislativa debe incluir a voces expertas, así como a representantes de sectores en situación de vulnerabilidad.
Solicitan que la revisión de la propuesta legislativa no se realice de manera acelerada ni sin una deliberación amplia. También hacen un llamado a garantizar espacios plurales y abiertos donde se integre una perspectiva centrada en los derechos humanos, y no únicamente a los grupos parlamentarios.
De no considerarse estas demandas, advierten que el proceso podría carecer de legitimidad democrática y resultar en una legislación con implicaciones graves para la privacidad y las libertades de la ciudadanía.
Se prevé respaldo mayoritario
Durante un próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, que se celebrará entre el 9 y el 16 de junio, la Cámara de Diputados se alista para aprobar un paquete de reformas que fortalecerá las capacidades de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por García Harfuch.
Estas reformas contemplan la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública, con el objetivo de enfrentar con mayor eficacia los delitos de alto impacto.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, adelantó que se prevé un respaldo mayoritario entre los distintos grupos parlamentarios. Incluso expresó su deseo de que más de 400 diputados estén presentes durante la votación en el pleno de San Lázaro.
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