La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se ha sumado al llamado urgente para garantizar la seguridad de la periodista mexicana Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA, luego de que en las últimas semanas fuera víctima de al menos ocho llamadas intimidatorias.
Las amenazas se produjeron tras la publicación de una investigación que involucra a Carlos Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, referente a las causas que generaron que el gobierno de Estados Unidos le revocara su visa.
Las organizaciones
La SIP, una organización que agrupa a medios de comunicación y periodistas del continente americano, expresó su “profunda preocupación” por la integridad física de Navarro y condenó lo que considera un patrón creciente de violencia e intimidación contra periodistas en México. A través de un comunicado, instó a las autoridades mexicanas a actuar de manera diligente, efectiva y transparente para salvaguardar la vida de la periodista y el ejercicio libre del periodismo.
El semanario ZETA, fundado en 1980, es reconocido por su cobertura crítica y valiente sobre temas como el crimen organizado, corrupción y narcotráfico. En este contexto, la reciente investigación sobre presuntos actos de lavado de dinero y tráfico de combustible -huachicol- por parte de Carlos Torres, ha encendido las alertas en la comunidad periodística nacional e internacional.
Por su parte la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y los derechos de periodistas, también se pronunció sobre el caso y exigió que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), intervenga de inmediato, al tiempo que solicitaron que implementen medidas cautelares para proteger no solo a Navarro, sino también a su equipo de trabajo.
De acuerdo con el Registro de Agresiones a la Prensa elaborado por Artículo 19, México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con decenas de asesinatos y desapariciones de comunicadores en los últimos años. Este entorno hostil ha sido ampliamente documentado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Respuesta de la gobernadora
Ante la creciente presión mediática y social, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, condenó públicamente las amenazas y aseguró que su gobierno está dispuesto a colaborar para garantizar la seguridad de la periodista. “Rechazo cualquier acto de intimidación hacia la prensa. Mi compromiso con la libertad de expresión es absoluto”, declaró ante los medios recientemente.
A pesar del posicionamiento, voces críticas exigen que las palabras se traduzcan en acciones concretas y efectivas que frenen la escalada de violencia contra el gremio periodístico. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene su atención puesta sobre este caso emblemático que pone en tela de juicio las garantías democráticas en dicho ámbito.
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