
El reciente asesinato de dos figuras clave en el círculo cercano de Clara Brugada —Ximena Guzmán, su secretaria particular, y José Gómez, asesor político— ha abierto una inquietante línea de análisis sobre el poder y la violencia en la Ciudad de México. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, esta acción no sería un crimen aislado, sino una represalia del crimen organizado contra la jefa de Gobierno.
En su columna publicada este viernes, titulada La conexión Iztapalapa, Riva Palacio sostiene que los mensajes emitidos por Brugada y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, tras el atentado revelan más de lo que ocultan. Ambos coincidieron en relacionar el asesinato con el combate frontal a las bandas criminales, sin explorar otras líneas de investigación, como motivos personales o políticos.
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“El crimen como represalia por combatir a los delincuentes es una narrativa peligrosa si no se sostiene con pruebas claras”, advierte Riva Palacio. Para él, las víctimas no tenían un rol operativo que justificara un ataque directo del narcotráfico. En cambio, la elección de sus perfiles sugiere que se trató de un mensaje calculado, emocionalmente devastador para Brugada.
El periodista expone antecedentes preocupantes: en el penúltimo año de la administración de López Obrador, el gabinete de seguridad federal informó que el Cártel Unión Tepito habría puesto precio a la cabeza de Brugada, entonces alcaldesa de Iztapalapa, debido a un supuesto reacomodo criminal que favorecía a sus rivales: la Anti-Unión y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Pese a la gravedad de estas alertas, López Obrador ordenó reforzar su seguridad, pero no una investigación formal. Más adelante, nuevas denuncias apuntaron a que Brugada y la fiscal capitalina Ernestina Godoy habrían roto acuerdos con la Unión Tepito. Aunque no se confirmó su veracidad, estos reportes generaron sospechas sobre posibles pactos entre actores políticos y grupos delictivos.
Iztapalapa —gobernada por Brugada durante nueve años— es un territorio estratégico para el control criminal en la Ciudad de México. El oriente capitalino, que conecta con Tepito y colinda con zonas conflictivas del Estado de México, ha sido disputado por cárteles que ven en el narcomenudeo, la extorsión y el control territorial una fuente crucial de poder.
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“La pregunta es por qué advertir y no eliminar”, plantea Riva Palacio, señalando que este tipo de mensajes letales ocurren cuando se busca corregir un incumplimiento antes de una represalia definitiva. En este contexto, el asesinato podría interpretarse como una advertencia para que Brugada rectifique, no como un fin en sí mismo.
Con este análisis, el periodista insiste en que las autoridades no deben reducir la narrativa a una “lucha contra el crimen”, sino esclarecer si existen relaciones subterráneas entre funcionarios y criminales. Lo contrario, advierte, pone en riesgo la seguridad institucional de la capital y, eventualmente, la gobernabilidad misma.
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